El Ministerio del Interior pidió al Poder Judicial un uso racional de las tobilleras electrónicas en casos de violencia de género, ante la constatación de que hubo un “crecimiento exponencial” de adjudicaciones en los últimos meses, según advirtió el subsecretario del Interior Pablo Abdala.
“Nos preocupó el crecimiento exponencial que ha tenido el uso de las tobilleras, en los últimos meses. En el último cuatrimestre el crecimiento fue de 400 adjudicaciones”, dijo Abdala este lunes en rueda de prensa.“Estas cifras esconden un gerenciamiento de las tobilleras que no es eficiente. Son asignadas en casos de violencia de género y que sigan asignadas tiene en varios casos una justificación dudosa.
Algunas con el agresor que se fue del país, otras con un uso extendido, por hasta dos años”, agregó Abdala.
“Creemos que no estamos respondiendo bien a los casos de violencia de género, por eso la nota y el pedido a la Suprema Corte de Justicia”, señaló, en referencia a una solicitud realizada ante la Corte, que derivó en una nota remitida a los jueces para hagan un uso más eficiente de las tobilleras.
“Si las usamos bien son más víctimas las beneficiarias de este servicio”, dijo Abdala, quien destacó que no se pide adjudicar menos tobilleras, si no hacerlo de manera “eficiente” para atender “a quienes realmente las necesitan”.
“Porque como son mal utilizadas, hay víctimas que las requieren y no la tienen. Esto hace que se asignen funcionarios policiales a la protección directa de la víctima, a razón de seis policías por caso, dos por turno”, detalló.
“En el 2023 la inversión fue de 200 millones de pesos. Pasaron de 1.200 a 1.900 tobilleras y estamos gestionando 400 más. El tema no es presupuestal, porque tratándose de un sistema tan beneficioso, sin embargo, están quedando afuera situaciones que requieren mucho más una tobillera cuando siguen asignadas a casos que ya no lo requieren”, aseguró.
“No hay seguimiento como corresponde para saber si se debe liberar una tobillera para otro caso que lo requiere”, dijo Abdala, y puso como ejempl: “más de 50 casos con más de dos años adjudicadas, cuando los protocolos establecen un plazo máximo de seis meses, porque si a los seis meses la situación de violencia persiste, hay que tomar otras medidas”.
Abdala también contó de casos extremos donde “una misma persona tenía dos tobilleras, una como ofensor y otra como denunciante”; o algunos casos donde el agresor se fue del país y la víctima sigue con tobillera.
“Tenemos que mejorar la articulación entre los poderes del Estado. No se trata de echar culpas. Que los dispositivos se adjudiquen bien, en tiempo y forma”, concluyó.
Fuente: Subrayado IR A PORTADA
