En la sesión ordinaria de la Junta de Durazno del jueves 11 de setiembre, la edil frenteamplista Ester Rodríguez recordó el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se conmemora cada 30 de agosto.
La fecha, explicó, fue establecida por Naciones Unidas en 2010, aunque en América Latina su origen se remonta a 1981, cuando la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos propuso instituirla como jornada de reflexión y memoria.Rodríguez dedicó parte de su intervención a la figura de Elena Quinteros, secuestrada en 1976 en Montevideo tras intentar obtener asilo en la embajada de Venezuela. “El 9 de setiembre ella cumpliría 80 años”, recordó. El curul subrayó que su historia permanece como símbolo de una herida que el país aún no ha cerrado.
En otro pasaje remarcó que las desapariciones forzadas constituyen un delito de lesa humanidad que no prescribe y que su carácter permanente las transforma en una violación continua a los derechos humanos. “El compromiso de Uruguay es agotar todas las instancias en la búsqueda de la verdad”, afirmó. Recordó que las marcas de este crimen no solo recaen en las víctimas y sus familias, sino en toda la sociedad.
Desde una perspectiva local, Rodríguez hizo énfasis en dos duraznenses que permanecen desaparecidos: Héctor Giordano y Célica Gómez. “La búsqueda continúa porque la memoria es un deber, la verdad un derecho y la justicia una necesidad”, expresó, en un mensaje dirigido a acompañar a sus familiares y a reforzar la dimensión comunitaria de la memoria histórica.
Hizo énfasis en que este año la conmemoración adquiere un peso adicional en el Cono Sur, al cumplirse 50 años de la creación del Plan Cóndor, un pacto entre dictaduras de la región para coordinar la represión y el intercambio de información de inteligencia. A su juicio, esa experiencia represiva se contrapone hoy con la institucionalidad regional en materia de derechos humanos, como la Comisión Permanente de Memoria, Verdad y Justicia (creada en 2004) y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (2009), instancias que definió como un “anticóndor” por su apuesta a la democracia y la paz.
Finalmente, Rodríguez solicitó que sus palabras fueran remitidas a las demás juntas departamentales del país, a los familiares de Giordano y Gómez, a la Comisión de Derechos Humanos de ambas cámaras del Parlamento y a la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
