Un análisis del Área de Estadística y Criminología Aplicada, difundido por Montevideo Portal y El País, muestra un cambio en el mapa delictivo del país. La violencia con armas de fuego se expande hacia el interior y alcanza niveles superiores a los de la capital. Según el reporte, la tendencia podría vincularse a una “ruralización” del delito y al más fácil acceso a las armas en zonas rurales. Sin bien son datos cerrados a 2024, los mismos operan como insumo objetivo para encarar los planes 2025-2035 del gobierno en materia de seguridad pública.
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El Ministerio del Interior emitió un informe previo a orientar el Plan Nacional de Seguridad; advierte por paradojas en la seguridad.
El Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior presentó un diagnóstico ampliado previo a la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035.
El documento analiza tres dimensiones: los facilitadores del delito, la respuesta penal y la percepción ciudadana.
Con respecto al primer ítem, la cartera llega a una conclusión ya conocida: “Uruguay es uno de los países más armados de América Latina”, con 617.000 armas registradas. En otras palabras, uno de cada seis habitantes posee un revólver u otro elemento capaz de disparar.
Entre 2013 y 2024, los delitos con armas de fuego crecieron 300%, con una marcada expansión hacia el interior del país. Entre 2011 y 2024, los homicidios aumentaron 87%, y la mayoría de ellos se cometen con armas de fuego.
Pese al incremento en la cantidad de armas, los suicidios cometidos con armas de fuego bajaron del 25% al 20%.
Otro factor facilitador es el consumo de drogas, tanto legales como ilegales. En el caso del alcohol, es la sustancia más consumida, con una prevalencia de vida del 88,9%, y el informe advierte que el consumo problemático continúa en aumento.
En cuanto al cannabis, el informe señala que desde su legalización en 2013, el “uso problemático se mantiene bajo”. Sin embargo, el principal factor que “facilita” buena parte de la conducta criminal sigue siendo el consumo de cocaína y pasta base, concentrado en contextos de exclusión social, cárceles y personas en situación de calle. Esta situación, además, agrava problemas de salud mental que impactan en la población sin hogar.
Respecto a la respuesta del sistema penal, el gasto en seguridad aumentó 21% en términos reales entre 2013 y 2024. El Ministerio del Interior ejecuta más del 90% del presupuesto asignado a seguridad.
El 15% del presupuesto se destina al sistema carcelario, aunque en la última década hubo una reducción del 27% en el gasto por persona privada de libertad. Uruguay tiene una de las mayores presencias policiales de la región, con 21.146 efectivos dedicados a tareas de prevención y represión, lo que equivale a 591 policías cada 100.000 habitantes.
No obstante, el informe advierte una “fuerte desigualdad” territorial en la distribución policial: departamentos pequeños como Treinta y Tres o Flores superan ampliamente a Montevideo en presencia de efectivos por habitante.
El sistema penal esclarece entre el 55% y el 67% de los homicidios. Canelones lidera con un 80%, mientras que Montevideo apenas supera el 47,6%. Uruguay tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, con 444,7 presos por cada 100.000 habitantes.
El 65,6% de las personas liberadas reincide en menos de tres años, y el uso letal de la fuerza policial se mantiene “estable”, con un promedio anual de 18,8 casos. Los delincuentes abatidos suelen ser jóvenes de Montevideo.
En sus conclusiones generales, el documento señala una paradoja en la situación de seguridad: el país combina altos niveles de control penal —en cantidad de efectivos y capacidad represiva— con baja capacidad preventiva y de análisis sobre las conductas delictivas actuales.
Al mismo tiempo, el aumento sostenido de las armas y del consumo de drogas impulsa la delincuencia y, especialmente, los homicidios.
Más allá de los ítems analizados, el informe identifica fenómenos nuevos en el escenario delictivo uruguayo, entre ellos la descentralización de la violencia armada.
Hasta hace algunos años, Montevideo concentraba la tasa más alta de delitos con armas de fuego. Hoy, Durazno, Rivera y Lavalleja superan los 100 delitos cada 100.000 habitantes, ubicándose por encima de la capital.
Esto responde a la expansión de la violencia hacia el interior del país y a una posible “ruralización”, dado que en zonas rurales suele haber un acceso más fácil a las armas de fuego.
El documento de la AECA también advierte una “privatización de la seguridad”, en línea con el aumento de los guardias privados habilitados, que en 2024 sumaban más de 15.000, una cifra cercana a la mitad del total de policías en actividad.
