Ediles de Durazno presentaron una propuesta de ley nacional que, de aprobarse, obligaría a realizar todos los traspasos de autos con escritura pública o documentos notariales, revirtiendo las facilidades recientes. Argumentan que las reglas actuales permiten evasión fiscal y debilitan la seguridad jurídica.
Un proyecto de ley que apunta a modificar radicalmente el proceso de compraventa y empadronamiento de vehículos en todo el país fue presentado ayer en la Junta Departamental de Durazno. La iniciativa, de los ediles del Partido Nacional, Esc. Luis Gelós y Andrés Pereyra, propone endurecer los requisitos para transferir un automóvil, argumentando que las simplificaciones impulsadas por las intendencias abren la puerta a la evasión fiscal, el lavado de dinero y generan inseguridad jurídica.El proyecto surge en un contexto donde varios gobiernos departamentales, incluido el de Durazno el mes pasado, han implementado medidas para agilizar y abaratar los trámites de reempadronamiento y transferencia, reduciendo la documentación exigida a los vecinos.
El diagnóstico: “Demasiada facilidad, poco control”
Según los ediles autores, la tendencia a simplificar trámites, si bien busca ayudar al bolsillo de la gente, ha ido demasiado lejos. Señalan que actualmente se permite transferir la propiedad de un vehículo –un bien que puede valer cientos de miles de dólares– con procedimientos excesivamente livianos, como la presentación de una simple carta poder con firmas certificadas o un compromiso de compraventa, sin necesidad de un título de propiedad formal ni de registrar la operación en un organismo nacional.
Gelós y Pereyra estiman que anualmente se transfieren vehículos por un valor que supera los 1.500 millones de dólares a través de las intendencias, prácticamente sin los controles cruzados que aplican los organismos de recaudación nacional.
¿Qué problemas identifican?
En su extensa exposición de motivos, los ediles detallan los principales vacíos que, a su juicio, genera el sistema actual:
Evasión Fiscal (DGI y BPS): Al no requerirse un título de propiedad registrado, el Estado no puede cruzar datos para verificar si el vendedor está al día con sus impuestos (como el IRAE o el Patrimonio) o con sus aportes a la seguridad social. Se eluden certificados esenciales del BPS.
Lavado de Activos (SENACLAFT): Facilitan operaciones con sumas importantes de dinero (mencionan casos de 100.000 dólares) sin un rastro documental sólido, dificultando el “seguimiento del dinero” que lucha contra el lavado.
Seguridad Vial y Jurídica
La falta de un registro unificado y confiable complica las responsabilidades ante accidentes, fraudes o delitos cometidos con vehículos. También señalan posibles fisuras en el control del Seguro Obligatorio (SOA).
Fragmentación del Estado
Afirman que las intendencias actúan de forma contraria a los esfuerzos de control de los organismos nacionales, a pesar de que cerca del 50% de sus recursos provienen de la recaudación nacional.
La propuesta: “Volver a la formalidad notarial y al registro único”
El proyecto de ley plantea un cambio de paradigma: centralizar el control en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y su Registro Nacional, obligando a la intervención de Escribanos Públicos en casi todo el proceso. Estas son sus principales propuestas:
Padrón Nacional Obligatorio: Que el código único de cada vehículo (padrón) sea asignado de forma preceptiva por el MEC o el SUCIVE, y que todas las intendencias deban usarlo.
Escritura Pública para Todo: Toda compraventa de un auto nuevo (0 km) deberá documentarse mediante escritura pública o contrato privado con firmas certificadas por escribano. Solo con ese documento se podrá solicitar la patente en la intendencia.
Registro Previo Obligatorio
Para los autos usados empadronados a partir de 2016, la transferencia de dominio solo podrá hacerse en la intendencia presentando la escritura pública de compraventa o el documento notarial que acredite la operación, previamente inscrito en el Registro de la Propiedad del MEC. Esto es el cambio más drástico respecto al sistema actual.
Control sobre Importadores y Aseguradoras: Exige que las empresas importadoras y concesionarias se registren ante el MEC y que las aseguradoras incluyan el padrón nacional en cada póliza del SOA.
¿Una respuesta a las facilidades recientes?
Aunque el proyecto no lo dice en ninguna parte, la presentación de esta iniciativa no es casual. Se da semanas después de que la Intendencia de Durazno anunciara medidas para facilitar y abaratar los trámites de reempadronamiento y transferencia de vehículos para los vecinos, siguiendo una tendencia en varios departamentos.
Mientras la Comuna duraznense apunta a la agilización y el ahorro para el usuario, el proyecto de los curules pone el acento en el control, la seguridad jurídica y la recaudación fiscal para el Estado en su conjunto.
El texto será elevado al Poder Ejecutivo, varios ministerios, el Congreso de Intendentes y al intendente de Durazno, Felipe Algorta, para su consideración. Su futuro dependerá del debate que genere en el ámbito nacional, donde se enfrentarán dos visiones sobre cómo debe gestionarse la propiedad de los vehículos: facilidad administrativa versus control estatal integral.
