En una intervención marcada por la preocupación y un tono que osciló entre lo personal y lo institucional, el edil del Partido Nacional, Martín Vidalín, planteó en la Junta Departamental de Durazno la necesidad de aplicar la ley de vagancia -norma que data de décadas atrás- como respuesta a lo que describió como un deterioro creciente de la convivencia en espacios públicos del departamento.
Durante la sesión ordinaria del jueves 23 de abril, Martín Vidalín sostuvo que la situación en las calles de la ciudad se ha vuelto “cada vez más preocupante”, aludiendo a la presencia de personas en situación de calle, episodios de pedidos insistentes de dinero -a los que calificó como una suerte de “peaje constante”- y conductas que, según dijo, incluyen insultos hacia transeúntes.El curul señaló que estos episodios no se limitan a zonas específicas, sino que se extienden tanto al centro como a los barrios, generando -según expresó- un clima de inseguridad que impacta especialmente en familias con niños. En ese contexto, describió una cotidianeidad alterada, en la que padres optan por acompañar a sus hijos incluso en actividades recreativas, ante el temor de que circulen solos por la ciudad.
Aunque reconoció que su planteamiento no responde a una iniciativa que le resulte “agradable”, Vidalín afirmó que la situación “se está volviendo insostenible” y que, a su entender, es necesario comenzar a actuar. En esa línea, propuso que Durazno adopte la aplicación de la ley 10.071 -conocida como ley de vagancia-, tal como, según indicó, ocurre en otros departamentos del país, con el objetivo de reforzar los controles sobre quienes permanecen en la vía pública.
El edil también dirigió su planteo al intendente departamental, Felipe Algorta, a quien solicitó considerar la propuesta en el marco de una estrategia más amplia para recuperar condiciones de seguridad y uso del espacio público. En paralelo, reclamó avances en la instalación de la Guardia Republicana en el departamento, una medida anunciada tiempo atrás pero que, según dijo, aún no se ha concretado.
Vidalín vinculó la urgencia de estas acciones con la proximidad de eventos de gran convocatoria en Durazno, advirtiendo que el contexto actual contrasta con la imagen que se busca proyectar. Aun cuando admitió que la ley de vagancia puede considerarse “vieja” u “obsoleta” (fue promulgada en 1941), sostuvo que algunos de sus instrumentos podrían resultar útiles en el escenario actual.
El planteamiento incluyó además la solicitud de que sus palabras sean remitidas no solo al Ejecutivo Departamental, sino también a la Fiscalía, la Jefatura de Policía y la Comisión de Convivencia del Legislativo. Sobre esta última, destacó su trabajo y las gestiones realizadas en conjunto con autoridades del sistema de justicia y seguridad, al tiempo que expresó su expectativa de que ese mismo impulso se replique a nivel institucional.
