El edil del Partido Nacional, Santiago Icasuriaga, cuestionó el resultado de una licitación abreviada promovida por la Intendencia de Durazno para el arranque y carga de materiales en Sarandí del Yí; al entender que la diferencia económica entre la oferta ganadora y la presentada por una empresa local es lo suficientemente reducida como para aplicar el mecanismo de preferencia previsto en la normativa.
Durante la sesión ordinaria de la Junta Departamental del jueves 25 de junio, el curul sostuvo que las licitaciones públicas deberían priorizar a las empresas radicadas en Durazno, por ser las que generan empleo en el departamento y contribuyen con tributos como la contribución inmobiliaria y la patente de rodados.Recordó que el presupuesto quinquenal recientemente aprobado incorpora un margen de preferencia del 8 % para las firmas locales y señaló que ese instrumento busca corregir las desventajas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas frente a oferentes de mayor porte provenientes de otros puntos del país.
Como ejemplo, mencionó la licitación abreviada Nº 10/2026, abierta el 10 de junio para trabajos en Sarandí del Yí. Según explicó, se presentaron ocho empresas y la oferta más baja correspondió a una firma de Paysandú, con una cotización de $ 1.687.250, mientras que la empresa sarandiyense Román Servicios ofertó $ 1.715.000, una diferencia de apenas $ 28.000.
A juicio del curul, ese escenario ameritaba revisar la aplicación del decreto departamental Nº 263/2016, que establece mecanismos de prioridad para empresas locales cuando la diferencia de precios se mantiene dentro de determinados márgenes. Explicó que la norma contempla la posibilidad de adjudicar el contrato a una empresa del departamento o permitirle igualar o mejorar la oferta presentada por un competidor externo.
Icasuriaga expresó además su sorpresa porque el Municipio de Sarandí del Yí, en sesión celebrada el 22 de junio, aconsejara al Ejecutivo contratar a la empresa de Paysandú. Dijo desconocer si esa recomendación obedeció a una omisión o a una interpretación diferente de la normativa, pero consideró que contradice el objetivo de promover el empleo y la actividad económica local.
En ese sentido, solicitó al Ejecutivo departamental que no adjudique el trabajo a la empresa de Paysandú y pidió al Municipio que, en futuras licitaciones, preste mayor atención a los mecanismos de protección previstos para las empresas del departamento.
El edil también propuso que la Junta Departamental tenga representación en las comisiones de licitaciones, con uno o más ediles de cada partido en calidad de observadores. Argumentó que esa posibilidad ya fue señalada por el Tribunal de Cuentas y permitiría reforzar la transparencia de los procesos, además de acercar el seguimiento de las contrataciones públicas a quienes reciben las inquietudes de los contribuyentes.
