Motta fustigó resolución de Primaria que busca controlar el contacto entre escuelas y periodistas

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El nacionalista, escribano Marcos Motta, expresó este jueves 4 de junio, durante la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Durazno, su preocupación por una reciente disposición de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (ANEP), que establece que los contactos entre periodistas e instituciones educativas deberán ser canalizados previamente a través del Departamento de Comunicación Social del organismo, con sede en Montevideo.

Para el curul la medida plantea interrogantes sobre la transparencia en la gestión pública, el acceso a la información y el impacto que podría tener en la relación cotidiana entre las escuelas y los medios de comunicación del interior del país. En ese marco, sostuvo que la resolución afecta especialmente a comunidades donde los centros educativos y la prensa local mantienen un vínculo estrecho en la difusión de actividades, necesidades y logros vinculados a la educación pública.

Transcripción del planteamiento [duraznodigital]

"Gracias, señor presidente. Bueno, en la noche de hoy voy a transmitir, señor presidente, una preocupación por una resolución que emitió la semana pasada la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, con fecha 28 de mayo.

Es un comunicado oficial que se viralizó hace pocos días, que dispone que a partir de ahora, cualquier contacto directo de los periodistas con las instituciones educativas, principalmente con las escuelas, ya sea a través de los inspectores o los colectivos docentes, a través de las entrevistas, las notas o las coberturas de prensa que estos llevan adelante, deberá ser canalizado y autorizado previamente por la el Departamento de Comunicación Social que está ubicado en Montevideo.

Señor presidente, yo entiendo que bajo esta modalidad de una supuesta coordinación institucional, lo que aquí se está afirmando es un centralismo asfixiante y un golpe directo a la transparencia.

Es decir, que desde el punto de vista estrictamente jurídico - constitucional, esta medida estaría rozando la censura previa y colisiona de frente con el artículo 29 de nuestra Constitución, ya que consagra la libertad de expresión, como así también, en cierta medida, estaría afectando el derecho a la información consagrado en la ley 18431, al obligar que la libertad, justamente de un director o de un maestro, pase por el tamiz del filtro de una oficina administrativa de la capital, en donde se estaría tutelando el pensamiento y coartando en cierta medida el derecho a la información pública. Por lo que nos preguntamos ¿qué es lo que se teme en ese sentido, o sea, qué es lo que no se quiere que se sepa a través de esta resolución?.

Pero más allá de del aspecto jurídico, yo quiero poner el foco en lo que esta resolución significa para la realidad de nuestro interior y particularmente de nuestro departamento, porque la escuela pública en sí, en el interior, no es una oficina burocrática, por así decirlo. Es el corazón de la comunidad que tienen las comunidades.

Es decir, que los medios locales, las radios, los canales locales, la prensa escrita, son socios estratégicos de las comisiones fomento y de los directores.

Son los que difunden cada vez que se precisa, por ejemplo, una escuela rural cuando va a hacer un beneficio para arreglar un techo o, por ejemplo,  cuando algún alumno triunfa en algún club de ciencia, en fin; ahí está la prensa siempre apoyando y acompañando, o muchas veces, también, como hablábamos en una sesión anterior, son los que alertan cuando la vulnerabilidad social que existen en esos medios está golpeando la puerta del aula.

Entonces, señor presidente, yo creo que exigirle al periodista local, o a un director de escuela que vive la propia realidad del territorio, que tenga que pedir permiso a una oficina de Montevideo para hablar de lo que en su propia comunidad está viviendo, yo creo que se le estaría faltando el respeto a la autonomía y a la dignidad profesional incluso que esos profesionales tienen.

El director es la máxima autoridad de la escuela, del centro educativo. Es quien tiene la enorme responsabilidad, muchas veces, de cuidar a nuestros hijos, a nuestros niños... Cómo no va a tener, pienso yo, la capacidad técnica y la dignidad -y el criterio muchas veces- justamente para poder enfrentarse a la prensa local.

Yo creo que esta medida, señor presidente, a mi juicio, busca generar un efecto de enfriamiento, es decir, un cierto temor en el sentido de que el mensaje implícito que se le está mandando al magisterio es claro, o sea, o te callás o si hablás puedés meter la pata o te puede ir mal. Es decir, yo creo que en una democracia el silencio nunca puede ser la norma de la gestión pública.

Las instituciones fuertes se defienden con transparencia y no con mordazas burocráticas de este estilo, en el que se trata de un blindaje mediático, por decirlo de alguna manera.

Yo creo que no podemos permitir que se centralice la palabra y entiendo que defender a la escuela pública es también defender su derecho a expresarse. Es decir, a mostrar sus virtudes y reclamar por sus necesidades sin tener que pedir autorización, y mucho menos a una oficina a 184 kilómetros, que también, no sabemos si tiene los recursos materiales y humanos como para atender las miles de solicitudes que pueden llevar a atender a la prensa en general, y a entorpecer en cierta medida el rol que lleva adelante el periodista.

Señor presidente, me gustaría que estas palabras pasen  a la Asociación de la Prensa, a las distintas comisiones de cultura de la Cámara de Senadores y de Diputados. Después le hago llegar a la mesa. Muchas gracias".

Carta mostrada en sala de la Junta por el edil.

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