En la sesión ordinaria de la Junta Departamental del jueves 23 de octubre, la representante del Frente Amplio, Ana Laura Casaballe, reconoció la reciente limpieza de la cañada del barrio Sandú, solicitada por vecinos ante la presencia de roedores, residuos domiciliarios y artefactos en desuso. No obstante, cuestionó si la intervención pudo haberse abordado de manera más integral, apelando a herramientas técnicas y normativas ya existentes en el país.
Casaballe señaló que, si bien era "totalmente comprensible" que los vecinos no desearan "convivir con espacios en esas condiciones", la problemática de las inundaciones y la gestión de cursos de agua urbanos requiere un enfoque que trascienda las "respuestas puntuales".En su extensa argumentación, enumeró una serie de instrumentos de planificación que, a su juicio, no estarían siendo aplicados en su totalidad: el Plan Nacional de Aguas de 2017, el reciente Plan Nacional de Aguas Pluviales Urbanas de 2023 -que "propone un cambio de paradigma"- y el decreto del Plan Local de Durazno de 2014, que establece criterios para el tratamiento de cuencas y cañadas.
"Las cañadas aportan beneficios ambientales, sociales y de conectividad", afirmó, describiéndolas como una "infraestructura verde" que ayuda a gestionar el agua de lluvia y funciona como corredor ecológico. Planteó una serie de interrogantes sobre el futuro del espacio: "¿Existe una planificación por parte de la intendencia para su recuperación? ¿Se están aplicando las herramientas y normativas ya aprobadas?".
Casaballe habló de la necesidad de un plan de reconversión ecológico para el lugar, que incluya la restauración con vegetación nativa, la rehabilitación del espacio público con senderos y bancos, y campañas de educación ambiental. Subrayó que, de lo contrario, se corre el riesgo de que la cañada se transforme "en una simple canaleta donde se acumule basura".
