En medio del diferendo entre el Ministerio y la Intendencia de Durazno por el anunciado parque fotovoltaico en Baygorria, el edil del Partido Nacional, Juan Andrés Bruno, planteó en la Junta Departamental la necesidad de encauzar el conflicto hacia una salida acordada, al tiempo que defendió la actuación del Ejecutivo que encabeza Felipe Algorta.
Durante la sesión ordinaria del jueves 23 de abril, Bruno enmarcó el tema en dos planos: el de fondo y el de forma. En cuanto al primero, sostuvo que los proyectos en discusión -el parque solar y el polo turístico- no son excluyentes y podrían desarrollarse de manera complementaria. A su entender, el punto de fricción radica en la ubicación originalmente prevista para la planta fotovoltaica por parte de UTE, en las inmediaciones del lago de Baygorria, lo que -según explicó- dificultaría la viabilidad del proyecto turístico.El edil afirmó que, si se reubica la planta dentro de la zona, ambos emprendimientos podrían avanzar. En esa línea, recordó que el jefe comunal ha manifestado públicamente una postura “constructiva”, orientada a alcanzar acuerdos con las autoridades nacionales. Como respaldo, citó una nota enviada el 10 de abril de 2026 al directorio de UTE, el mismo día en que se hizo público el llamado a licitación, en la que el gobierno duraznense solicitó retomar instancias formales de trabajo interinstitucional y evitar decisiones unilaterales hasta acordar un desarrollo territorial concertado.
En el plano de las formas, el curul oficialista cuestionó que la licitación haya sido anunciada sin previo aviso a la Intendencia de Durazno, lo que -según indicó- motivó la adopción de una medida cautelar por parte del Ejecutivo. Señaló que dicha herramienta se encuentra respaldada por la Ley 18.308 de ordenamiento territorial, que habilita a los gobiernos departamentales a suspender autorizaciones en áreas estratégicas o de especial protección.
Bruno insistió en que la competencia en esta materia corresponde al ámbito departamental, un punto que -sumó- fue puesto en duda públicamente, pese a tratarse de una norma vigente desde 2007. A su vez, planteó interrogantes sobre el avance del proyecto impulsado por UTE, en particular en relación a la existencia de los permisos ambientales correspondientes. Indicó que, a diferencia de otros emprendimientos vinculados al ente estatal que sí fueron remitidos a la Junta, en este caso no se ha recibido documentación al respecto.
Bruno también cuestionó versiones que atribuyen el cambio de ubicación del proyecto a la urgencia de la licitación. Recordó que la apertura de ofertas está prevista para el 9 de junio, lo que -a su juicio- relativiza la necesidad de una resolución inmediata. Añadió que, según los propios términos del llamado, la obra se ubicaría en predios de Baygorria, por lo que un eventual traslado requeriría modificar la licitación, algo que -afirmó- no ha ocurrido hasta el momento.
Finalmente, el representante nacionalista expresó el respaldo de su bancada al Ejecutivo departamental y llamó a evitar que la situación derive en “política menor” o termine afectando a la localidad involucrada. En ese sentido, instó a las partes a retomar el diálogo y acercar posiciones, con el objetivo de preservar oportunidades de desarrollo para Durazno.
