En la sesión ordinaria del jueves 16 de abril, en la Junta Departamental de Durazno, la edil del Partido Colorado, Hilda Ibarbudes, trasladó al plenario la preocupación de vecinos y usuarios del Centro Deportivo Recreativo Barrial MAPEP, por situaciones de inseguridad que, según expuso, se han vuelto frecuentes en la zona.
Preocupación vecinal por situaciones en la vía pública
El planteo se apoya en una reunión realizada el viernes 20 de marzo en el propio centro, convocada por la Comisión y el Grupo de Apoyo, con participación de usuarios y vecinos del barrio. En esa instancia se informó sobre gestiones realizadas ante distintos organismos —entre ellos la Secretaría Nacional de Deportes, la RAP, ASSE, el Ministerio de Desarrollo Social y autoridades policiales—, en un intento por abordar la problemática desde distintos frentes.
Durante ese encuentro, los participantes señalaron una presencia constante de personas en los alrededores del centro, especialmente en una calle lateral donde se ubica un contenedor que en su momento MAPEP anexó en su predio y; según lo transmitido, junto al mismo se concentran durante largas horas e incluso pernoctan personas en situación de calle, generando situaciones que afectan la convivencia cotidiana.
Entre el abordaje social y el refuerzo de la seguridad
La edil subrayó que el contexto adquiere especial relevancia debido al perfil del centro, que recibe a diario a niños, jóvenes y adultos mayores en actividades deportivas, recreativas y sociales. En ese marco, los vecinos también advirtieron sobre otros episodios asociados, como consumo de estupefacientes en espacios públicos, pedidos insistentes de dinero y presuntos hurtos, factores que —según se indicó— incrementan la sensación de inseguridad en el barrio.
El planteo incorporó, a su vez, una mirada más amplia sobre el problema. En la reunión se mencionó la necesidad de fortalecer políticas sociales vinculadas a la salud mental, la rehabilitación y el tratamiento de adicciones, con el objetivo de favorecer procesos de inserción social y laboral. Esa perspectiva convivió con otras propuestas orientadas a una mayor aplicación de la normativa vigente en materia de faltas y convivencia, así como a un refuerzo de la presencia policial ante conductas irregulares en la vía pública.
Ibarbudes enmarcó la situación en un contexto nacional de creciente preocupación por la seguridad. Recordó, en ese sentido, la reciente interpelación del senador de su partido, Pedro Bordaberry, al ministro del Interior, Carlos Negro, y señaló que Durazno figura entre los departamentos con tasas de homicidio por habitante más elevadas del país.
En paralelo, destacó las acciones impulsadas a nivel departamental, en particular el trabajo del intendente Felipe Algorta y la aprobación, por parte de la Junta, del presupuesto para la creación de una Guardia Municipal como herramienta complementaria.
La edil reconoció que la seguridad pública es competencia del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, pero sostuvo que, ante respuestas que considera insuficientes, los gobiernos departamentales y los representantes locales deben asumir un rol activo para dar garantías a la población.
