La guía “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento” forma parte de la profundización de la perspectiva de género, generaciones y ciudadanía, en la implementación de la Estrategia Nacional de Drogas, desarrollada por la Junta Nacional de Drogas.
Su objetivo es implementar mejoras en la calidad de vida de las mujeres que están judicializadas por el tema drogas, y que en Uruguay representan el 36 % de las encarceladas.
La Secretaría Nacional de Drogas (SND) promueve mejoras en la calidad de vida de las mujeres judicializadas, procesadas, penadas y privadas de libertad por delitos de drogas en Uruguay. Es por ello que realizó una adaptación para Uruguay de la Guía mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Instituto de Derecho Penal y Criminología (IDPC), De Justicia y Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA).
Al lanzamiento de esa publicación, realizado este martes 11, en la Torre Ejecutiva, asistieron el secretario general de la JND, Diego Olivera, la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social, Ana Olivera, y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mariella Mazzotti, entre otras autoridades.
Diego Olivera recordó que la publicación refiere al mercado ilícito de drogas y a las circunstancias de las personas que participan en ello. Aseguró que muchas veces se generaliza sobre el tema del narcotráfico y que se oculta la distribución desigual de poder y recursos que se manejan a la interna. “Las mujeres, en particular en Latinoamérica, ocupan tareas auxiliares, por decirlo de alguna manera, de las cuales no obtienen casi ningún beneficio, y son quienes en general terminan siendo parte del incremento de la penalización y punitivismo sobre políticas de drogas”, agregó.
Por su parte la subsecretaria de Desarrollo Social, Ana Olivera, reconoció el desafío que asumen los equipos que trabajan cotidianamente, en particular para prevenir, impedir la reproducción de la pobreza y abordar la desigualdad existente en estos sectores tan vulnerables. “Tenemos la obligación de articular el trabajo adentro, como se hace en el caso de las mujeres con niños, de las madres con el programa Uruguay Crece Contigo, que a su vez trata de acompañar en el momento de la salida para que no sea la perpetuación de la pobreza para estas mujeres”, dijo.
Aseguró que a la hora de ese diagnóstico que se hace en el momento del ingreso, hay toda una información previa que es fundamental que circule.
La directora de Cárceles, Ana Juanche, informó que el 5,6 % de las personas privadas de libertad son mujeres, unas 634, de las cuales el 36 % están encarceladas, por delitos vinculadas a la ley de estupefacientes, tráfico, micro tráfico y todos los arreglos allí contemplados. Se observa que este porcentaje es sensiblemente superior al que afecta a los varones por igual tipo de delito, 10,46 %. “Quiere decir que mientras 1 de cada 10 varones están encarcelados por delitos vinculados a drogas, 1 de cada 3 mujeres lo están. Esto nos permite entender que hay un fenómeno social que preexiste a la cárcel, como lo es también el uso problemático de las drogas, que es necesario abordar en su dimensión de prevención”, reflexionó.
“Desde el punto de vista del Instituto de las Mujeres y de nuestro rol rector en término de las políticas de igualdad de género, me parece bien interesante que se haya logrado transversalizar desde una perspectiva de género y derechos humanos la realidad de las mujeres privadas de libertad”, precisó la directora Mariella Mazzotti. “Creo que la política carcelaria debía avanzar en ese sentido y en este caso hay un insumo interesante”, puntualizó.
