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Cerro Chato: juzgado no será trasladado tras marcha atrás de la SCJ


El lunes de tarde el diputado nacionalista por Durazno, Miguel Irrazábal, confirmó a DURAZNO DIGITAL que la Suprema Corte de Justicia dejó en suspenso la decisión de cerrar 20 juzgados de Paz en el interior; uno de ellos ubicado en Cerro Chato, que iba a ser trasladado a la localidad de Batlle y Ordóñez.

Irrazábal, que fue uno de los dirigentes nacionalistas de Uruguay que salió a trancar fuerte en este tema, manifestó satisfacción  por la decisión tomada, tras las críticas a las que se sumaron integrantes del sindicato de funcionarios judiciales, Colegio de Abogados del Uruguay y otros operadores.

Según publicó Telemundo, este lunes la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió dejar en suspenso el cierre de 20 juzgados del interior del país, decisión tomada a raíz de "posturas publicitadas por diferentes actores institucionales", que se expresaron contrarios a la decisión de la SCJ. 

Según detallan, ahora se buscará "abrir un ámbito de negociación con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo a fin de obtener los recursos indispensables para un adecuado funcionamiento de las distintas sedes judiciales".

El 1º de octubre se iban a suprimir las sedes judiciales de los departamentos de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rivera, Rocha, San José, Soriano y Treinta y Tres, según la Acordada nº 8119.

La Corte había justificado que la resolución era necesaria por motivos presupuestales y de optimización de recursos humanos y materiales.

El presidente de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), Pablo Elizalde, había criticado la decisión inicial -de suprimir los juzgados- y afirmó en entrevista con Telemundo que "con el cierre de los juzgados el acceso a la Justicia está comprometido". 

Dijo además que son "la primera línea frente a cualquier circunstancia, desde violencia doméstica a penal" y que "son los que realmente toman la problemática del lugar y lo resuelven", porque además quienes trabajan en esas sedes generan con los habitantes de esos pueblos "una relación de mucha cercanía".

Para el representante de los funcionarios judiciales, el camino debería ser "pedir más presupuesto al Ejecutivo y al Parlamento Nacional, y no el cierre de estas sedes con la afectación social que esto significa". "Cuando las resoluciones se toman desde un centralismo sin conocer las realidades pasan este tipo de cosas", agregó.

AFJU afirma que entre población y funcionarios, la medida iba a impactar sobre unas 100.000 personas.

Autor duraznodigital

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