En la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Durazno del jueves 11 de setiembre, la edil del Frente Amplio, Silvana Cunha, se refirió a lo que llamó “una pausa necesaria”. Dijo que no se trataba de un desvío, sino de una responsabilidad: alzar la voz contra la violencia hacia mujeres, niñas y niños.
Planteó que el riesgo más grande es la normalización. “Cuando las violencias se vuelven parte del paisaje cotidiano, cuando los titulares desdibujan la realidad y los discursos de odio terminan por imponerse sobre los hechos, corremos el riesgo de aceptar lo inaceptable”, dijo. En ese contexto, insistió en que no es posible hablar de desarrollo ni de convivencia mientras este flagelo atraviesa a la sociedad.Cunha recordó que la violencia basada en género no es un asunto privado ni aislado, sino estructural. “No ocurre puertas adentro, no es un problema de otros, es una cuestión que nos interpela como legisladores, como ciudadanos, como seres humanos”, indicó.
La edil compartió además un texto elaborado por mujeres políticas de Río Negro, que esta semana se está leyendo en todas las juntas departamentales del país. El documento reclama la efectiva implementación de la Ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género, no solo como un marco jurídico, sino acompañado de recursos presupuestales que permitan prevenir, proteger y dar respuesta a las víctimas.
El planteo también propone revisar la Ley 20.141 de corresponsabilidad en la crianza, ya que, en su aplicación, podría generar retrocesos en la protección integral de mujeres, niñas, niños y adolescentes. A su vez, se pide que la Ley 19.500 reconozca expresamente la violencia vicaria como una de las formas más crueles y premeditadas de violencia de género, aquella que utiliza a hijas e hijos como instrumentos para dañar.
“Es fundamental que esta Junta no mire para otro lado, que no minimice el dolor ajeno y que se comprometa con hechos y no solo con discursos”, agregó Cunha.
En su intervención, la curul pidió que la declaración sea elevada al Parlamento, al Poder Ejecutivo, al Congreso Nacional de Ediles y a cada una de las juntas departamentales del país. Reclamó, además, que el texto pase a la Comisión de Equidad y Género de la Junta de Durazno, para darle seguimiento institucional.
Cunha concluyó que la violencia de género debe tratarse como una emergencia nacional. Aseguró que exige un compromiso firme del Estado y un diálogo entre actores sociales y políticos, pero sobre todo voluntad real para no seguir tolerando lo intolerable.
