En la sesión ordinaria del jueves 18 de setiembre, el edil colorado Gabriel Montesdeoca elevó un pedido de informes al intendente de Durazno sobre la existencia de locales comerciales que -según señaló- operan sin las autorizaciones correspondientes. Su planteo puso especial énfasis en establecimientos vinculados a los juegos de azar, particularmente tragamonedas, y en comercios de expendio de alimentos.
El curul explicó que vecinos de distintos barrios de la ciudad y del interior han manifestado preocupación por la proliferación de este tipo de actividades sin certeza pública de que cuenten con habilitaciones o certificaciones. “La proliferación de tragamonedas sin información clara sobre su habilitación plantea un interrogante respecto al grado de fiscalización ejercida por la administración departamental y por organismos como el INAU o el Ministerio del Interior”, afirmó.Montesdeoca pidió que la Intendencia detalle si cuenta con un registro actualizado de los comercios habilitados, discriminando por rubro y con énfasis en la ciudad de Durazno. También solicitó información sobre cuántos locales funcionan hoy con las certificaciones debidas, qué mecanismos de control aplica la Comuna para fiscalizarlos y qué medidas adopta en caso de detectar irregularidades.
Durante su intervención, advirtió sobre el impacto social del juego clandestino. A su juicio, las máquinas ilegales favorecen el endeudamiento y la vulnerabilidad de familias con dificultades económicas, y alimentan la ludopatía, “una enfermedad que se arraiga en personas especialmente expuestas a estos juegos no controlados por el Estado”. Contrastó esa situación con los juegos autorizados, como la Lotería Nacional o las salas de casino, donde existen políticas de prevención y apoyo.
El colorado recordó que desde la Ley de 1882 los juegos de azar han sido prohibidos en Uruguay, salvo cuando son expresamente autorizados y controlados por el Estado. Por eso, sostuvo que lo que ocurre hoy en Durazno “no solo roza lo ilegal, sino que lo es de manera abierta y flagrante, en contradicción con las normas nacionales vigentes”.
En consecuencia, pidió que la Junta oficie a la Dirección General de Casinos, al Ministerio de Economía y Finanzas, a Presidencia de la República y al Ejecutivo Departamental para que adopten medidas que restablezcan la legalidad. También solicitó que sus palabras sean remitidas a la Sala de Esparcimiento de Durazno y a las comisiones de Legislación e Industria del legislativo departamental.
