En la sesión ordinaria del jueves 19 de marzo en la Junta Departamental de Durazno, la edil del Frente Amplio, Ana Laura Casaballe, colocó en agenda lo que definió como una problemática creciente y subestimada: la pérdida de biodiversidad urbana y su impacto directo en la vida cotidiana de los habitantes.
Intervenciones recientes bajo cuestionamiento
La intervención, de tono técnico y político, repasó una serie de actuaciones recientes en distintos puntos de la ciudad -desde la tala de arbolado en la zona de la terminal Rodó para la instalación de un centro comercial, hasta tareas de limpieza en la cañada de Sandú, el parque de la Hispanidad y el entorno del Hipódromo- que, a juicio de la curul, no constituyen hechos aislados, sino la expresión de una forma de intervenir el territorio sin planificación ni criterios ecológicos claros.
Casaballe sostuvo que estos procesos reflejan una ausencia de visión a largo plazo en la gestión del espacio urbano. Señaló que, aunque muchas veces pase inadvertido, el vínculo entre biodiversidad y ciudad es profundo y estructural, y advirtió que la pérdida y fragmentación de hábitats -impulsadas por el desarrollo urbano, la contaminación y el cambio climático- forman parte de una crisis global de la que Durazno no está exento.
Desigualdad ambiental y efectos en la ciudad
En ese marco, la edil introdujo un elemento de desigualdad territorial. Indicó que el acceso al arbolado y a los espacios verdes no está distribuido de manera equitativa dentro de la ciudad: mientras algunas zonas concentran mayor cobertura vegetal, otras -particularmente las más vulnerables- carecen de sombra, regulación térmica y de los beneficios ambientales asociados. Esa disparidad, afirmó, implica que no todos los ciudadanos “habitan el mismo clima” dentro de Durazno, una situación que se agrava si se considera que la ciudad figura entre las de mayor temperatura media anual del país, junto con Rivera.
La edil vinculó esta realidad con el efecto de isla de calor urbano, que, según explicó, se intensifica con la pérdida de cobertura vegetal y la expansión de infraestructura gris, con consecuencias directas sobre la salud y el bienestar de la población. En ese sentido, planteó la necesidad de modificar el enfoque sobre el verde urbano, al que definió no como un elemento ornamental, sino como una infraestructura ecológica esencial, capaz de regular el clima, gestionar el agua, mejorar la calidad del aire y sostener la biodiversidad, además de aportar beneficios sociales y económicos.
A su entender, muchas de las intervenciones recientes, ejecutadas bajo la noción de “limpieza”, derivan en procesos de degradación ambiental. La eliminación de vegetación nativa, la simplificación de ecosistemas y la pérdida de funciones ecológicas fueron señaladas como consecuencias de prácticas que, según advirtió, confunden intervención con restauración.
En esa línea, subrayó que la remediación ecológica requiere planificación, conocimiento técnico y objetivos definidos, y que no se trata de “arrasar y empezar de cero”, sino de favorecer la regeneración natural, conservar especies nativas y mejorar la conectividad ecológica tanto dentro de la ciudad como con entornos naturales cercanos, como el río y el bosque nativo.
Propuestas y llamado a la acción
Casaballe enmarcó su planteo en compromisos internacionales asumidos por Uruguay, al mencionar el Marco Mundial de la Diversidad Biológica de Montreal, que promueve el aumento en cantidad, calidad y conectividad de los espacios verdes y azules en las ciudades. Bajo esa perspectiva, consideró que las intervenciones recientes deben ser tomadas como una oportunidad para corregir el rumbo, sin eludir responsabilidades futuras.
Sobre el cierre, la edil formuló una serie de propuestas concretas. Entre ellas, la elaboración urgente de un plan departamental de biodiversidad urbana con diagnóstico, objetivos medibles y participación ciudadana; la exigencia de evaluaciones técnicas previas para cualquier intervención que implique remoción de arbolado o vegetación nativa, junto con medidas de mitigación y compensación; la suspensión de prácticas de limpieza que supongan el arrasamiento de cañadas y espacios verdes hasta tanto se definan protocolos adecuados; y el fortalecimiento del área ambiental de la Intendencia mediante la incorporación de capacidades técnicas específicas.
