La iniciativa del edil nacionalista Andrés Pereyra busca tipificar como delito la destrucción de números identificatorios en motocicletas y otros rodados menores, una práctica que actualmente explotan las redes de comercialización ilegal de autopartes.
En la sesión ordinaria celebrada el jueves 26 de febrero, la Junta Departamental de Durazno se convirtió en el punto de partida de una iniciativa legislativa que busca subsanar lo que los operadores judiciales han señalado como una grieta en el Código Penal. La propuesta, presentada por el edil Andrés Pereyra, del Partido Nacional, apunta a modificar el artículo 250 bis para incluir a las motocicletas y otros vehículos livianos dentro de las figuras delictivas relacionadas con la destrucción de numeraciones de chasis y motor.El planteo surge como consecuencia directa de una jornada de formación para fiscales y jueces celebrada en la sala Valentín Arias de Durazno (la semana pasada), un espacio de intercambio donde los propios actores del sistema judicial expusieron las dificultades técnicas que enfrentan al momento de aplicar la ley vigente. Pereyra recogió el guante y lo transformó en un proyecto con alcance nacional.
“Escuchamos muy atentamente y percibimos que había una dificultad a la hora de implementar la sanción del artículo 250 bis”, explicó el curul durante su exposición. Según transmitió, uno de los fiscales presentes alertó sobre un problema recurrente con personas que utilizan motocicletas y destruyen los números de chasis y motor, una maniobra que, al no estar explícitamente contemplada en la redacción actual, genera zonas grises que la delincuencia organizada aprovecha.
El proyecto en detalle
La iniciativa, que ya cuenta con el respaldo de la bancada nacionalista, no se limita a una simple ampliación del texto vigente. Plantea una reestructuración normativa que incluye la derogación de disposiciones dispersas sobre falsificación de registros automotores para concentrar la respuesta penal en una figura unificada.
Entre los puntos centrales, se propone tipificar como delito la destrucción total del número identificatorio sin sustitución posterior, y extender la protección penal a “motociclistas, ciclomotores, cuatriciclos y otros vehículos obligados a registración”. La redacción actual, centrada en automóviles, deja un vacío respecto de estos rodados, que, según se advierte desde la fiscalía, constituyen hoy “uno de los principales objetos de destrucción y comercialización ilegal”.
“Lo que queremos es que se tipifique la destrucción total del número identificatorio sin sustitución posterior, la inclusión expresa de motociclistas y otros vehículos, y la armonización con la figura preexistente relativa a la falsificación documental, evitando superposiciones normativas”, detalló Pereyra en su intervención del jueves, a la que tuvo acceso DURAZNO DIGITAL.
Agravantes y estructura criminal
El proyecto contempla además un sistema de agravantes proporcionales para aquellos casos en que la conducta esté vinculada a organizaciones criminales, habitualidad o finalidad de comercialización. Se busca así no solo castigar al eslabón más débil de la cadena, sino desarticular las estructuras que operan en torno al mercado ilegal de vehículos y autopartes.
“La modificación propuesta fortalece la seguridad jurídica, facilita la tarea de Fiscalía y del Poder Judicial, y contribuye a desarticular las estructuras criminales que operan en torno al mercado ilegal de vehículos y autopartes”, sostuvo el edil, enmarcando la iniciativa en una política de Estado más amplia.
Derrotero parlamentario
La propuesta no se detendrá en la Junta de Durazno. Pereyra solicitó expresamente que el documento sea remitido a las 18 juntas departamentales del país, al Congreso Nacional de Ediles, a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Constitución y Código de la Cámara de Representantes.
“En definitiva, se trata de una adecuación normativa necesaria para dotar al ordenamiento penal de mayor coherencia, eficacia y capacidad de respuesta frente a modalidades delictivas cada vez más sofisticadas”, concluyó Pereyra, en un mensaje que reafirma el compromiso del Estado con la protección del derecho de propiedad y la transparencia del sistema registral.
