Las transferencias que reciben las intendencias desde el Gobierno Nacional no constituyen un beneficio discrecional, sino la devolución de una parte de los recursos generados en cada departamento. Ese fue el eje del planteamiento realizado por el edil del Partido Nacional, Juan Andrés Bruno, durante la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Durazno del jueves 2 de julio, en respuesta aclaratoria a una publicación local sobre la rendición de cuentas de la Intendencia.
El curul explicó que una nota periodística sobre el tema hacía referencia a los recursos de origen departamental y a las transferencias nacionales, lo que, a su juicio, ameritaba una aclaración. Sostuvo que esos fondos tienen fundamento en los artículos 214 y 298 de la Constitución de la República, incorporados en la reforma constitucional de 1996, impulsada por el Partido Nacional.Bruno señaló que esa modificación representó un avance para los gobiernos departamentales. Como ejemplo, indicó que, según datos del Observatorio de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), si se compara el último año de la administración del exintendente Luis Hugo Apolo antes de la reforma con el ejercicio más reciente, las transferencias a las intendencias se multiplicaron por cuatro.
Distribución de recursos aún insuficiente
No obstante, sostuvo que Uruguay continúa siendo uno de los países con menor nivel de distribución de recursos hacia los gobiernos subnacionales. Citó un informe de la CAF correspondiente a 2025 para señalar que, en comparación con los países de la OCDE, los recursos asignados a los gobiernos locales en América Latina representan menos de la mitad. Además de las partidas, hizo un análisis de la concentración de recursos humanos del Estado en determinadas zonas del país.
Comparación entre Durazno y Montevideo
El edil cuestionó la percepción de que las ciudades del interior dependen exclusivamente de la presencia de entidades nacionales como el Banco República o las comisarías para sostener su actividad. Según expresó, los datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil muestran una realidad distinta.
Indicó que, mientras en Montevideo los funcionarios públicos representan aproximadamente el 12 % de la población, en Durazno alcanzan el 10 %. Sin embargo, al analizar cada área, sostuvo que los trabajadores del Estado atienden a una cantidad significativamente mayor de personas en el interior.
Como ejemplo, señaló que en seguridad un funcionario policial atiende a 55 personas en Montevideo y a 135 en Durazno; en servicios sociales la relación es de 241 contra 411; en salud, de 90 en la capital frente a 112 en el interior; y en justicia, de 488 (Montevideo) frente a 912 personas (interior). Mencionó como distinto el caso del Ministerio de Ganadería, donde, según afirmó, cada funcionario en Durazno atiende a unas 4.430 personas (con mucha actividad en ese sector), mientras que en Montevideo la cifra ronda las 2.067 con menos actividad.
"Se puede avanzar más"
Bruno consideró que la descentralización iniciada con la reforma constitucional debe profundizarse. Entre otras posibilidades, mencionó revisar el mecanismo de distribución del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) y estudiar la transferencia de nuevas competencias a los gobiernos departamentales, citando como ejemplos áreas hoy gestionadas por organismos nacionales como OSE o el Ministerio de Desarrollo Social.
