Las exigencias que impone la normativa del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, para el ingreso de menores de edad a bailes y eventos sociales están generando dificultades crecientes para clubes e instituciones del interior del país: ese fue el planteamiento que realizó el edil del Partido Nacional, Santiago Icasuriaga, durante la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Durazno del jueves 9 de julio, donde pidió que el tema sea revisado a nivel nacional.
El curul sostuvo que la reglamentación vigente obliga a los organizadores a separar físicamente, mediante una reja u otro mecanismo, los espacios donde se comercializan o consumen bebidas alcohólicas de aquellos destinados a los menores de 18 años. Según explicó, ese requisito resulta muy complejo de controlar durante el desarrollo de una fiesta y expone a las instituciones a sanciones económicas de elevada magnitud.Icasuriaga señaló que, si durante una inspección de INAU se detecta a un menor en el sector destinado a mayores o a un adulto consumiendo alcohol en el espacio reservado para adolescentes, la multa recae sobre la institución organizadora. Afirmó que esas sanciones superan los 100.000 pesos uruguayos y que esa realidad está llevando a muchos clubes a tomar una decisión que consideró indeseada: organizar bailes exclusivamente para mayores de 18 años.
Como ejemplo, mencionó lo ocurrido recientemente en el Club Sarandí de Sarandí del Yí, donde, según indicó, fue necesario impedir el ingreso de jóvenes de 15, 16 y 17 años para evitar el riesgo de sanciones durante una eventual inspección.
El curul aclaró que no responsabiliza a los inspectores del organismo, con quienes dijo haber dialogado sobre la situación. A su entender, el problema radica en la reglamentación y no en quienes la aplican. Recordó que, mientras las instituciones deben extremar los controles para impedir el ingreso de menores, esos mismos adolescentes permanecen fuera de los locales, en la vía pública, donde -afirmó- consumen alcohol y quedan expuestos a otros riesgos sin ningún tipo de supervisión.
Desde su perspectiva, permitir el ingreso de adolescentes a eventos organizados, con las medidas de seguridad correspondientes y bajo control institucional, ofrecería un entorno más seguro que dejarlos reunidos en las calles. En ese sentido, sostuvo que la normativa termina produciendo un efecto contrario al que persigue, al excluir a jóvenes de entre 15 y 17 años de espacios donde existe vigilancia y organización.
Icasuriaga consideró que el Gobierno nacional debería revisar el marco regulatorio vigente y promover cambios que contemplen la realidad de los clubes sociales y salones de fiestas, especialmente en localidades del interior del país, donde este tipo de eventos constituye una de las principales alternativas de recreación para los adolescentes.
