La propuesta, presentada por el curul nacionalista, Andrés Pereyra, plantea actualizar la normativa departamental sobre contaminación acústica y regular, entre otros aspectos, los vehículos con escapes libres o adulterados. El texto incorpora reclamos de vecinos y aportes de estudiantes de UTU, y ahora será analizado por la Comisión de Convivencia y remitido al intendente departamental.
El planteamiento también abrió un amplio debate durante la sesión del jueves 3 de setiembre. Representantes de las distintas bancadas analizaron el contenido de la iniciativa, realizaron aportes y expresaron sus respectivas posiciones. En términos generales, los ediles valoraron el trabajo previo desarrollado por Pereyra, que incluyó la revisión de experiencias y normativas de otras ciudades como referencia para abordar la situación en Durazno.Pasa a la Comisión de Convivencia y al Intendente
La Junta Departamental de Durazno dio trámite esta semana al proyecto “Convivencia para Vivir Mejor”, una iniciativa que busca actualizar las reglas departamentales sobre ruidos molestos y contaminación acústica. La propuesta, presentada por Pereyra, pasó a estudio de la Comisión de Convivencia y también será remitida al jefe comunal.
El proyecto apunta a establecer un marco más claro para situaciones que generan reclamos frecuentes entre vecinos: ruidos innecesarios o excesivos, vehículos con escapes libres o modificados y el uso de parlantes y otros dispositivos sonoros en espacios públicos. La iniciativa surge, según su exposición de motivos, de planteos realizados tanto en la ciudad de Durazno como en otras localidades del departamento.
Uno de los aspectos centrales es la regulación de los vehículos. El texto propone prohibir la circulación, detención o permanencia en la vía pública de vehículos con escapes libres, silenciadores ineficaces o sistemas modificados para aumentar anormalmente el ruido o provocar detonaciones y estruendos.
También prevé regular la utilización de equipos sonoros en vehículos y espacios públicos. La propaganda o difusión mediante parlantes móviles podría quedar sujeta a autorizaciones, con condiciones sobre horarios, recorridos, potencia y cercanía a zonas sensibles, mientras que determinados equipos utilizados en calles, plazas y parques también requerirían autorización.
El proyecto plantea, además, que las futuras infracciones no dependan únicamente de apreciaciones subjetivas. Cuando corresponda, las mediciones deberán realizarse con instrumentos calibrados y bajo un protocolo técnico que establezca, entre otros criterios, las condiciones de la medición y el margen de incertidumbre. La reglamentación también podría fijar límites más estrictos durante la noche y en lugares como centros de salud, centros educativos y residencias de larga estadía.
La iniciativa incorpora garantías para las personas que eventualmente sean sancionadas. Las actuaciones deberán dejar constancia de las circunstancias de la infracción y, antes de imponer una sanción, el presunto infractor tendrá derecho a presentar descargos y pruebas. Las sanciones, por su parte, deberían considerar factores como la intensidad y duración del ruido, el horario, el daño causado y la eventual reincidencia.
Entre los antecedentes del proyecto figura el trabajo realizado por estudiantes y docentes de UTU de Sarandí del Yí. Un grupo investigó el impacto de los ruidos molestos en la localidad y otro diseñó un prototipo de sonómetro capaz de medir la intensidad sonora en decibeles. Una de esas iniciativas fue seleccionada para participar en la Feria Nacional de Clubes de Ciencia.
