Enrique Antonio pidió conocer los antecedentes de la organización, los vínculos internacionales que mantiene, el dinero que recibió del Gobierno departamental y los controles sobre el destino de los fondos públicos. También leyó observaciones del Tribunal de Cuentas y anunció un pedido de informes de su bancada.
El pedido de informes es el tercero en menos de diez días; el primero fue presentado por el edil Colorado, Gabriel Montes de Oca; el segundo por el curul del Partido Nacional, Gabriel Díaz Landoni, en la misma sesión ordinaria del jueves 8 de octubre. En el caso de Díaz, expresó la misma preocupación y anticipó que en las próximas horas hará llegar la solicitud de manera formal.La intervención de Antonio
La contratación de la Fundación rioplatense de estudios, conocida como Fundación FREE, por parte de la Intendencia de Durazno fue el eje de la intervención del edil del Frente Amplio, Enrique Antonio, durante la sesión ordinaria de la Junta Departamental del jueves 8 de octubre. El curul reclamó explicaciones sobre el procedimiento, la habilitación de la organización para prestar los servicios contratados y los mecanismos de control previstos para garantizar el uso de los recursos públicos.
Antonio vinculó el planteamiento con la defensa de la soberanía, las instituciones democráticas, los derechos sociales y la transparencia en la gestión pública. Sostuvo que la soberanía de un país no se limita a sus fronteras, sino que también comprende la capacidad de decidir su propio destino, elaborar políticas públicas y proteger sus instituciones frente a influencias indebidas.
Antes de referirse al caso concreto, repasó distintos momentos y figuras de la historia uruguaya que, a su entender, contribuyeron a construir esos principios. Mencionó a José Artigas y la defensa de la autodeterminación de los pueblos; a José Batlle y Ordóñez, por su papel en el desarrollo de las empresas públicas y los derechos; a Luis Alberto de Herrera, por su oposición a la instalación de bases militares estadounidenses en Uruguay, y a Wilson Ferreira Aldunate y Líber Seregni, por sus actuaciones en favor de la recuperación democrática.
El edil señaló que, pese a sus diferencias políticas, esos referentes forman parte de una historia compartida por la sociedad uruguaya. En ese marco, afirmó que los derechos conquistados no fueron concesiones gratuitas, sino el resultado de procesos de lucha social y política.
Entre las conquistas que enumeró figuran la jornada laboral de ocho horas, la educación pública, la seguridad social, los derechos laborales, el matrimonio igualitario, los derechos sexuales y reproductivos y las libertades democráticas. A su juicio, esos avances contribuyeron a construir una democracia que no se limita a la voluntad de las mayorías, sino que debe incluir la diversidad sociocultural del país.
Antonio sostuvo que quienes ocupan actualmente responsabilidades públicas tienen el deber de defender esas conquistas, con especial atención a la transparencia y al acceso a la información sobre la gestión estatal.
Las preguntas sobre la Fundación FREE
Al ingresar en el asunto departamental, el edil cuestionó la contratación de la fundación por parte de la Intendencia de Durazno. Señaló que la propia organización declara públicamente que trabaja para "promover y difundir una ideológica propia, con el propósito de incidir en las políticas públicas".
Para Antonio, esa definición plantea interrogantes que, a su entender, deben ser aclarados cuando se trata de una organización contratada con recursos del Estado. El planteamiento no se limitó a la orientación de la fundación, sino que incluyó dudas sobre su objeto estatutario, sus antecedentes y su habilitación para prestar los servicios por los que fue contratada.
Como fundamento, hizo referencia a un pronunciamiento del Tribunal de Cuentas sobre el estatuto de la organización. Durante su intervención leyó un pasaje que, según indicó, corresponde a las consideraciones del organismo de contralor. La observación citada señala que, de acuerdo con la descripción del objeto establecido en el estatuto de la Fundación Rioplatense de Estudios, "no surge que la institución esté habilitada estatutariamente para brindar servicios de suministro de mano de obra a terceros".
Antonio destacó ese punto y planteó que merece una explicación por parte del Ejecutivo departamental, en particular respecto de cómo se evaluó la capacidad de la organización para cumplir con las prestaciones contratadas y de qué manera se abordaron las observaciones formuladas.
El edil no presentó el asunto como una discusión exclusivamente ideológica. Su cuestionamiento abarcó también los aspectos administrativos y legales de la contratación, así como la obligación de asegurar que el dinero público se destine efectivamente a los fines previstos.
Antecedentes, vínculos y dinero recibido
Durante la sesión, Antonio formuló una serie de preguntas dirigidas a la Intendencia para precisar las condiciones en que se concretó la contratación.
Entre ellas, solicitó conocer qué antecedentes presenta la Fundación FREE, cómo se evaluó su capacidad para brindar los servicios requeridos y qué vínculos internacionales mantiene. También preguntó cuánto dinero recibió efectivamente de la Administración departamental.
Otro de los puntos planteados fue el cumplimiento de las leyes 18.099 y 18.251, relativas a la responsabilidad laboral en los procesos de descentralización empresarial e intermediación laboral. El edil señaló que la contratación también había sido objeto de observaciones en ese ámbito y reclamó conocer qué medidas adoptó el Ejecutivo para atenderlas.
A esas interrogantes agregó una preocupación sobre los controles y la fiscalización de los servicios contratados. En concreto, preguntó qué mecanismos tiene establecidos la Intendencia para garantizar que los recursos públicos se utilicen exclusivamente para cumplir con las prestaciones acordadas "y no para financiar actividades de promoción o difusión de los principios ideológicos y políticos que impulsa la fundación".
La cuestión, desde su perspectiva, requiere distinguir entre los servicios que una institución debe prestar en virtud de un contrato con el Estado y las actividades que pueda desarrollar por iniciativa propia. Por eso, reclamó información sobre los procedimientos de seguimiento y control aplicados por la Administración.
Responsabilidad política y pedido de informes
En la parte final de su intervención, Antonio atribuyó responsabilidad institucional al intendente Felipe Algorta por la adjudicación realizada por su gobierno y sostuvo que corresponde al jerarca explicar ante la Junta cómo fueron atendidas las observaciones del Tribunal de Cuentas.
El curul consideró que la discusión involucra tanto la legalidad y transparencia de una contratación pública como la responsabilidad de los gobernantes de rendir cuentas sobre las decisiones que adoptan.
En ese contexto, anunció que la bancada del Frente Amplio presentará en los próximos días un pedido de informes al amparo del artículo 284 de la Constitución de la República. La iniciativa buscará obtener información formal sobre los aspectos planteados durante la sesión.
Al cerrar su exposición, Antonio volvió sobre la importancia de preservar una democracia en la que puedan convivir distintas ideas y posiciones políticas. Solicitó que sus palabras fueran remitidas a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales de la Junta Departamental y al Ejecutivo departamental.
