La Junta Departamental de Durazno aprobó este jueves 22 de octubre de 2026, por 30 votos en 30 ediles presentes, la integración de la Comisión Investigadora que analizará la contratación de la fundación FREE por parte de la Intendencia.
La decisión llegó después de una sesión marcada por varias pausas y negociaciones entre las bancadas. Una vez concluida la etapa previa de la sesión ordinaria, los ediles acordaron crear la comisión tras solicitar tres cuartos intermedios de diez minutos cada uno.El siguiente paso, la definición de sus integrantes, volvió a generar diferencias. El nacionalista Santiago Icasuriaga propuso los primeros nombres, pero el colorado suplente Renel Mohozo planteó sustituir a uno de ellos, iniciativa que luego retiró. La discusión derivó en otros dos cuartos intermedios, esta vez de cinco minutos cada uno, para acercar posiciones entre los sectores políticos.
Finalmente, el acuerdo permitió definir una comisión de cinco integrantes: los nacionalistas Carlos Torres, Alejandro Estefanoli y Martín Sastre; el frenteamplista José Manuel Rizzo, y el colorado Gabriel Montes de Oca.
Los fundamentos de voto
Tras la votación, algunos ediles solicitaron fundamentar su posición. Las intervenciones dejaron expuestas diferencias sobre la legalidad de la contratación, el papel de la Intendencia y las expectativas sobre el trabajo de la comisión.
El nacionalista Gabriel Díaz Landoni recordó que la iniciativa había comenzado con la propuesta de crear una comisión preinvestigadora, a partir de un informe del Tribunal de Cuentas de la República. "Nos basamos en un tema estrictamente legal, sin tinte político de ninguna naturaleza", afirmó.
El edil también cuestionó las explicaciones públicas sobre la situación estatutaria de la fundación. Según señaló, FREE presentó ante el Ministerio de Educación y Cultura una solicitud de renovación de estatutos el 14 de octubre 2026, después de que integrantes del gobierno departamental hubieran declarado que el trámite estaba en curso.
Díaz Landoni sostuvo que el Ministerio había formulado observaciones y planteó dudas sobre la capacidad de la fundación para contratar personal. "¿Qué pasa con la gente que ya está contratada? Porque la gente que está contratada en este momento, esos contratos no tienen validez", expresó. A su juicio, la Intendencia tampoco podría pagar a una entidad que no estuviera habilitada estatutariamente para realizar esas contrataciones.
El nacionalista consideró que la comisión tendría mucho trabajo por delante y pidió que actuara con prontitud, porque, según advirtió, hay personas cuyo futuro laboral depende de que se aclare la situación.
A continuación, Santiago Icasuriaga, también del Partido Nacional, aseguró que su colectividad nunca había puesto en duda su apoyo a la investigadora. "Estamos seguros de que no hay nada para esconder. Estamos seguros de que confiamos en el trabajo de la comisión investigadora que se votóv, afirmó.
Icasuriaga explicó que su bancada propuso los nombres que le correspondían y aceptó los presentados por los demás partidos. No obstante, cuestionó que uno de los integrantes, en referencia al colorado Gabriel Montes de Oca, hubiera prejuzgado a la fundación. Según dijo, el Partido Nacional igualmente acompañó su designación para evitar que se interpretara que pretendía cambiar nombres por razones políticas.
Desde el Frente Amplio, Carlos Carrica fundamentó su voto positivo y sostuvo que, a su entender, existen al menos faltas administrativas. Consideró que el contrato con la fundación es nulo, en línea con los argumentos expuestos previamente por Díaz Landoni.
"Estamos convencidos de que es un procedimiento, un contrato que no debió haber firmado el intendente", afirmó Carrica, quien pidió que la investigación permita aclarar lo ocurrido. También señaló que están en juego recursos de los contribuyentes y puestos de trabajo.
El edil cuestionó, además, la necesidad de contratar una fundación para realizar tareas que, según sostuvo, la Intendencia siempre había desarrollado directamente. "Los ediles fuimos elegidos también para controlar y para resguardar los dineros públicos", expresó. Al igual que Díaz Landoni, reclamó que la comisión trabaje con agilidad ante las dudas planteadas y la situación de las personas que ya están trabajando.
Por último, el nacionalista Carlos Torres manifestó que su partido nunca dudó en votar la comisión investigadora y sostuvo que la contratación se ajustó a la legalidad. "Está todo legal y, por lo tanto, demostraremos en la comisión investigadora, con toda la información que tenemos, que los pasos que se dieron fueron los correctos", afirmó.
La comisión quedó integrada con el respaldo de los 30 ediles presentes. Su trabajo deberá permitir examinar la contratación de la fundación FREE y esclarecer los cuestionamientos planteados durante la sesión.
