El edil colorado fundamentó su planteo en el respeto a la función de contralor y a la institucionalidad. Varios curules coincidieron en la importancia de esos principios, pero cuestionaron que solicitara la renuncia de Gabriela Santacruz. También hubo llamados a resolver el diferendo mediante el diálogo.
Cruces En la Junta Durazno
Gabriel Montes de Oca vinculó el episodio con el pedido de informes que presentó el 1.º de octubre sobre la Fundación Free y actuaciones de la Intendencia. Sostuvo que su iniciativa se enmarca en las atribuciones constitucionales de los ediles y que su propósito era conocer antecedentes administrativos, procedimientos, costos, evaluaciones y controles, sin formular una condena ni afirmar que se hubiera cometido un delito.
El colorado también se refirió a declaraciones públicas de Santacruz sobre conversaciones mantenidas entre ambos y la presentación de un currículum en la Intendencia por parte de una persona a la que, según reconoció, había acompañado. Gabriel Montes de Oca sostuvo que acompañar a alguien a presentar sus antecedentes no equivale necesariamente a formular una solicitud irregular. Afirmó que cualquier cuestionamiento a su conducta debía examinarse a partir de hechos y fundamentos, y no de interpretaciones anticipadas. Actualidad duraznense
La solicitud del curul
En su exposición defendió el derecho de los ediles a solicitar información sin que esa facultad se transforme en un motivo de cuestionamiento personal. Sin embargo, al cerrar su intervención, planteó que quería saber si el intendente Felipe Algorta respaldaba las declaraciones de la directora. En ese contexto, afirmó que, si existía ese respaldo, se vería empañada la gestión departamental y solicitó la renuncia de Santacruz, por considerar que sus expresiones habían faltado el respeto a los ediles y a la institución.
El primero en responder fue el nacionalista Martín Sastre, quien compartió las consideraciones generales sobre ética pública y responsabilidad institucional, pero cuestionó el desenlace del planteo. Consideró que el diferendo surgido a partir de una conversación entre Montesdeoca y Santacruz debía resolverse entre sus protagonistas y manifestó su desacuerdo con que se reclamara la renuncia de una directora. También elogió el trabajo que, a su entender, viene desarrollando la jerarca y pidió mantener un debate acorde con las responsabilidades de la Junta.
Gabriel Díaz, también del Partido Nacional, coincidió en que los ediles tienen derecho a ejercer el contralor y solicitar información, pero advirtió sobre la necesidad de separar las discrepancias políticas de los cuestionamientos personales. Recordó que los pedidos de informes son una herramienta constitucional y señaló que las diferencias entre integrantes del Ejecutivo y del Legislativo no deberían desembocar en un enfrentamiento. En ese sentido, consideró conveniente que el intendente, a su regreso (de Holanda), conociera las distintas posiciones y evaluara cómo encauzar la situación.
Luis Gelós (PN) planteó una salida basada en el diálogo. Dijo comprender la molestia de Montes de Oca, aunque sostuvo que el episodio no implicaba necesariamente un deterioro de las relaciones institucionales entre la Junta y el Ejecutivo. Consideró que el edil había acompañado de buena fe a una persona que pretendía presentar un currículum y propuso buscar un acercamiento entre ambos, con la participación de otros ediles si fuera necesario. A su juicio, no correspondía colocar al intendente en la posición de tener que pronunciarse sobre si respaldaba o no a la directora.
Santiago Icasuriaga (nacionalista) también cuestionó el pedido de renuncia y sostuvo que los ediles deben tener presente el alcance de sus atribuciones. En su intervención aludió a la circunstancia en la que se produjo el intercambio entre Montes de Oca y Santacruz y advirtió sobre el riesgo de que los representantes departamentales excedan su función al reclamar explicaciones o decisiones sobre la continuidad de jerarcas. Asimismo, defendió la trayectoria de la directora en otras responsabilidades públicas y pidió prudencia al formular cuestionamientos personales.
Marco Motta (PN), por su parte, reconoció la sensibilidad del asunto y dijo comprender la posición de Montes de Oca, pero también destacó la dedicación que, según expresó, Santacruz viene mostrando en su función. Introdujo además una referencia al artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal, que establece limitaciones para los ediles en la tramitación de asuntos propios o de terceros ante los gobiernos departamentales, con las excepciones previstas en la normativa. A partir de ello, llamó a considerar cuidadosamente las posiciones de ambas partes y pidió al colorado que reconsiderara su planteo, para preservar los canales de comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Luego de escuchar las distintas intervenciones, Montes de Oca agradeció los comentarios, pero mantuvo su posición. Insistió en que, a su entender, la situación comprometía la confianza, la reserva y el respeto que deben caracterizar el desempeño de quienes ocupan cargos de responsabilidad. Sostuvo que sus planteos involucraban no solo su situación personal, sino también el respeto hacia el conjunto de los ediles, y reiteró que esperaba que la Intendencia contara con funcionarios de confianza y comprometidos con la institucionalidad.
Diferencias
La discusión dejó expuestas distintas valoraciones sobre cómo abordar el diferendo: mientras Montes de Oca reclamó una respuesta institucional y mantuvo el pedido de renuncia, varios de sus colegas defendieron la función de contralor, pero cuestionaron la forma en que se trasladó el conflicto al ámbito de la Junta. Otros insistieron en la conveniencia de una conversación directa para evitar que una diferencia entre un edil y una jerarca derivara en un enfrentamiento entre instituciones.
La sesión continuó hasta que, a propuesta del edil Felipe Cardone -del Frente Amplio- se votó dar por suficientemente discutido el tema, moción que obtuvo 23 votos en 30 ediles presentes. DURAZNO DIGITAL comparte el audio completo de la discusión generada.
