Durante la comemoración de los 200 años de la Administración de Justicia, el presidente de la República, Yamandú Orsi, llamó a cuidarla por tratarse de un caso único en la región y de las primeras a nivel mundial. El mandatario consideró que la justicia uruguaya representa los valores que tenemos como sociedad. Esta conmemoración coincide con el bicentenario del proceso de independencia y de construcción institucional de la República Oriental del Uruguay.
“Hay una historia que es la génesis de la justicia uruguaya que nos permite valorar lo que tenemos, que es una justicia única en la región y de las primeras en el mundo”, destacó Orsi, en la tras la comemoración realizada este lunes 19 en la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en Montevideo.El rueda de prensa, el mandatario explicó que su presencia obedeció al respeto y valoración del Poder Judicial uruguayo. "Debemos cuidar la justicia que tenemos", resaltó.
El presidente de la República, que fue recibo por la presidenta de la SCJ, Doris Morales, reconoció la necesidad de dotar de mayor presupuesto a ese poder del Estado. También recordó la propuesta del actual Gobierno de crear un Ministerio de Justicia: “Ahora la palabra la tienen los legisladores”, indicó.
Morales, en tanto, resaltó como un momento clave en la historia de la SCJ la creación del Centro de Estudios Judiciales, el 25 de diciembre de 1987. “Considerado un faro tanto para quienes pretenden ingresar a la carrera judicial como para quienes pertenecen a ella”, dijo.
También destacó, con respecto a las potestades de la SCJ para elegir y promover jueces, que se ha evolucionado de forma significativa hacia una mayor transparencia con la incorporación de una comisión asesora que analiza varios ítems como la opinión de los superiores procesales, resultados de concursos, realización de cursos obligatorios y otros aspectos que convergen en la apreciación de las condiciones de los jueces para ascender.
“A pesar de algunas dificultades, seguimos siendo el Poder Judicial con mayor destaque del continente (…) el único poder del Estado que garantiza el acceso a la justicia a todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación”, subrayó, acompañada por el ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Edgardo Ettlin.
Quirici: Dos siglos de continuidad judicial republicana
El director nacional de Educación y presidente de la Comisión del Bicentenario, Gabriel Quirici, valoró que el desarrollo de la justicia republicana en Uruguay no ha sido un factor de polémica histórica, más allá de algunas disputas políticas. “Mantener un Poder Judicial con sus características de autonomía con respecto a los otros poderes, a lo largo del tiempo y con estos estándares de calidad republicana, sin exagerar es algo que tenemos que saludar y sostener”.
Como parte del Comité del Bicentenario comentó que se consideró importante hacer pública la creación y la historia del sistema de justicia del país, porque nos identifica como uruguayos. “Tenemos dos siglos de continuidad judicial republicana”, resaltó.
En ese sentido, dijo que es importante apoyar y difundir de forma más enfática la historia de la justicia en el país. Agregó que también se trabaja en el ordenamiento del archivo histórico judicial para poder ofrecer el acceso a ese conocimiento que permita ayudar a promover investigaciones o determinados trabajos históricos.
Finalizadas las oratorias el vicepresidente del Correo Uruguayo, José Luis Pereira, presentó un sello postal conmemorativo de los 200 años de la Administración de Justicia, y se procedió a la ceremonia de matasellado oficial por parte del presidente Orsi.
Orígenes de la justicia uruguaya
Mediante la Resolución n.º 40/2026, la Corporación declaró al 2026 como “Año del Bicentenario de la Administración de Justicia”, en recuerdo de la histórica ley del 6 de octubre de 1826 que, en los albores de nuestra República y antes incluso de la Constitución de 1830, sentó las bases de la organización judicial uruguaya. Aquella norma dispuso la supresión de los Cabildos y estableció una nueva estructura de tribunales y jueces.
Asimismo, contempló la designación de un letrado encargado de la defensa de los pobres y menores, antecedente histórico de la actual Defensa Pública, reflejando una temprana concepción de la justicia como servicio público integral, comprometido con la protección de los sectores más vulnerables y el acceso efectivo a los derechos.
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