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Hay cosas para cambiar. Por Saúl Moisés Piña


El servicio del bien público es un elemental deber que incumbe a todos los uruguayos y sobre todo, es mayor responsabilidad para aquellos ciudadanos, que con el voto del pueblo, asuman su función de gobierno, lo que exige esfuerzo, honradez, sabiduría y espíritu fraterno.

Es natural que no todos los ciudadanos están en las mismas condiciones personales para comprender, realizar y vigilar el cumplimiento de aquella básica obligación cívica.

Es por eso que reviste especial importancia en el sistema democrático, el cuidado de la educción común, gratuita, obligatoria y laica, sin ningún tipo de contaminación, como elemental sistema para dotar a las personas de libertad y en disciplinas civilizadas que conduzcan a la solidaridad, al respeto, a la dignidad, la valorización de la cultura del trabajo y al ejercicio de los más elevados ideales.

Si el servicio del bien público representa sentir apego por cosas de interés común, es fundamental fomentar la educación sin trabas, basada en la importancia de una convivencia social digna, en seguridad y sustentada en la tolerancia y el respeto por el semejante. Con el aporte de ilustres ciudadanos como José Pedro Varela y de calificados docentes que el Uruguay ha tenido -y tiene- se experimentaron avances en todas las esferas del conocimiento y los vecinos de este país, acreditaron notable sensibilidad, vocación de servicio y amor en la búsqueda de la luz de la verdad. El prestigio de muchas figuras uruguayas en el escenario mundial, le otorgó a la República un perfil muy particular.

No es novedad si decimos que en la actualidad existe preocupación de gran parte de los ciudadanos y en especial de algunos jerarcas del sistema educativo, la existencia de lagunas de saber, que vienen ocasionando el abandono de los estudios, bajo nivel de conocimientos y repetición, lo que es un caldo de cultivo para la delincuencia, que no es producto de la pobreza sino de la falta de valores educativos.

En el presente se registra prácticamente en todo el país, una situación de inseguridad y ausencia de códigos de convivencia social, que las estadísticas muestran y que causan asombro.

En el primer semestre del presente año, se han registrado 218 homicidios y 14.459 rapiñas. En el primer semestre del año 2017, el total de homicidios fue de 131, por lo que el aumento en el presente año con respecto al anterior ha sido del 66,4%, una cantidad que debe alarmar.

No queremos ser negativos y alarmistas, pero nos da la impresión de que venimos enfrentando un panorama de marginalidad social, que necesariamente tenemos que abatir, para lo cual no basta con mayor número de policías, ni con mayores penas del Poder Judicial.

El gran tema es la grieta social que se viene operando en un vasto sector de la población, lo que se sana no dando prioridad a los planes asistenciales, sino con el fomento de fuentes de trabajo, facilitando la creación de una corriente comercial e industrial más fluida, para lo que se deberán sacrificar impuestos y cargos de particular confianza.

Un medio de prensa capitalino ha publicado en estos días que el Gerente del Fondo de Solidaridad, señor Enrique Miranda gana la bonita suma de 12.500 dólares por mes. Nos parece que la solidaridad está un tanto desvirtuada.

Hay cosas para cambiar y otras para eliminar; si nos aferramos al pasado y no le damos importancia al presente, corremos el riesgo cierto de que el futuro nos pase por encima.





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