El director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Alberto Gadea, dijo este lunes en rueda de prensa que se está discutiendo si se debe mantener o no la restricción del uso del celular a los reclusos.
Gadea indicó que hoy en día los celulares están prohibidos pero que "permiten -más allá de sacar información- que los privados de libertad puedan comunicarse con su familia".
"Hay que analizar hasta dónde es malo tener celular", indicó el director e informó que hay varios países en los que el uso de estos aparatos es aceptado.
"En otros países el celular está permitido y tienen buenos equipos de inteligencia que analizan y rastrean los diferentes flujos de información, por lo tanto es una forma de detectar los niveles de delincuencia", indicó Gadea y agregó: "Habría que estudiarlo aquí en Uruguay".
Estafas desde la cárcel.
Este año ya se detectaron dos casos de estafas telefónicas en las que participaron personas privadas de libertad. El primero ocurrió el 2 de enero y el recluso que participó se hacía pasar por policía.
El imputado, desde su reclusión en la cárcel de Maldonado Las Rosas, ingresaba a un chat –el 12345- en el que “las personas se comunican con el fin de relacionarse con otras, teniendo connotaciones de índole sexual”, según el documento divulgado por Fiscalía.
Allí conseguía datos de diferentes hombres y, haciéndose pasar por una mujer, mantenía conversaciones “con contenido sexual o erótico”. Sin embargo luego le decían que la mujer era en realidad una niña y se lo acusaba de pedofilia.
Finalmente se hacía pasar por funcionario policial y escribía que si no quería que se informara del asunto a las autoridades debería realizar un giro a cierta persona. En ese momento se concretaba la estafa.
El otro hecho ocurrió a fines de enero y en este caso el recluso se hacía pasar por un allegado a un funcionario de la aduana para ofrecer mercadería barata a comerciantes.
Primero se llegaba a un acuerdo y luego les daba las indicaciones para realizar el giro. La mercadería sin embargo nunca llegaba. Se pudo establecer que la estafa alcanza la suma de US$ 6.000 y $ 127.000 uruguayos.
Fuente: El País
