En la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Durazno del 7 de agosto, el edil nacionalista Gabriel Díaz Landoni expuso su preocupación por lo que describió como “dos grandes problemas que hoy más inquietan a la población”: la inseguridad y la falta de empleo.
En su intervención, aludió a las expectativas que generan proyectos como la construcción de una nueva terminal y un centro comercial, aunque lamentó que en la última sesión se aprobara únicamente la comparecencia del consorcio encargado, y no de representantes del Ejecutivo, a quienes veía como aliados para garantizar que esos emprendimientos generen trabajo para los lugareños. Según expresó, “generalmente lo que pasa es que vienen empresas de afuera y traen su propia gente”.El legislador departamental manifestó especial inquietud por las personas que, a su juicio, habrían quedado sin empleo tras el cambio de administración, aunque reconoció que no se dispone de datos oficiales sobre cuántos serían. Tampoco -comentó- se conoce la cifra de nuevos ingresos a la plantilla, ni los montos salariales y funciones asignadas.
En ese sentido, Díaz Landoni anunció que en los próximos días presentará un pedido de informes para obtener detalles sobre quiénes fueron cesados, qué contratos quedaron sin efecto, y qué nuevas incorporaciones se han realizado, con nombres, remuneraciones y tareas específicas. El objetivo, sostuvo, es “saber cuál es el rumbo de la administración y cumplir con nuestro rol de contralor”.
Para fundamentar su planteo, el edil recordó un antecedente del período pasado, cuando la aplicación de la Ley 19.121 derivó en la no renovación de cerca de 300 contratos. En aquella ocasión, recordó, un llamado a sala al Ejecutivo departamental se prolongó por 14 horas y motivó un gasto superior al millón de pesos en informes jurídicos, que -pese a su extensión- no lograron convencer a los ediles sobre la legalidad de las medidas adoptadas.
