Tala en zona protegida: edil de Durazno pide investigar intervención en el Camping

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La tala reciente de árboles en el Camping '33 Orientales', ubicado a orillas del río Yí, generó inquietud entre vecinos y autoridades. La intervención, que dejó una zona “desnuda” y con parrilleros sin sombra, fue señalada como “indiscriminada” por el nacionalista Enrique Erramuspe, quien elevó un planteamiento formal en la Junta Departamental el jueves 31 de julio.

Según expresó el curul, los reclamos surgieron de parte de vecinos que, al visitar el camping quedaron “apenados” por el estado del lugar tras la remoción de árboles centenarios, parte de un ecosistema de flora indígena que, recordó, está protegido por ley desde 1987. Erramuspe se sumó a esas preocupaciones, destacando no solo el valor ambiental de la vegetación autóctona, sino también su importancia para la experiencia turística que ofrece el camping: sombra abundante, entorno natural y resguardo climático.

“La tala, si no fue planificada, puede ser irreversible”, advirtió. En su exposición, hizo referencia al artículo 24 de la Ley N.º 15.939, que prohíbe la corta de monte indígena sin autorización específica de la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y que exige además un informe técnico previo y un plan de explotación que justifique cada intervención.

El curul recordó que en 2020 la propia Intendencia de Durazno había expresado públicamente su sensibilidad en materia ambiental, al punto de disponer fiscalizaciones en el predio del camping para evitar daños provocados por campamentistas. En aquella ocasión, la comuna advirtió que actuaría con apoyo de la fuerza pública en caso de comprobarse irregularidades.

En este nuevo episodio, sin embargo, subsisten varias interrogantes. ¿Contó esta intervención con autorización oficial? ¿Se evaluó previamente el estado de salud de los árboles? ¿Se hizo con respaldo técnico? ¿Cuál fue el destino final de los troncos extraídos?

Erramuspe reclamó que se aclare si la Intendencia estaba al tanto de los hechos, si se tramitaron los permisos pertinentes ante el Ministerio y si existió planificación o asesoramiento forestal para la tala. También pidió saber si se emitió la guía correspondiente para el transporte de los productos resultantes y si se contempla algún plan de reposición.

En caso de que se trate de un acto vandálico -y no de una intervención institucional-, el edil solicitó saber si se radicó denuncia policial y si se notificó al Ministerio de Ambiente y a la Comisión de Medio Ambiente de la Junta.

A la espera de una respuesta oficial, el episodio vuelve a poner en foco la tensión entre uso recreativo y conservación en uno de los espacios naturales más apreciados del centro del país. “El monte indígena no solo es paisaje”, señaló Erramuspe, “es también contención ecológica y parte del patrimonio natural que tenemos el deber de proteger”.

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