Álvaro Delgado, líder del Partido Nacional, calificó el hecho como "un antes y un después" para Uruguay y un "ataque directo al Estado de derecho". Javier García, senador nacionalista, responsabilizó al gobierno por la situación de seguridad. El Partido Colorado, a través de Andrés Ojeda, también expresó su solidaridad con Ferrero y advirtió que el episodio marca un "cambio cualitativo" en la lucha contra el crimen organizado. Ambos partidos exigieron una investigación exhaustiva y el despliegue de todos los recursos del Estado.
El Partido Nacional realizó una conferencia de prensa este domingo, con su presidente, el exsenador Álvaro Delgado, a la cabeza, a propósito del asalto por parte de dos delincuentes a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, de madrugada en Jacinto Vera.“Se trata de un hecho de extrema gravedad institucional, que marca un antes y un después en nuestro país, que configura además un ataque directo al Estado de derecho y merece nuestra total condena y detención de los responsables”, aseguró Delgado.
En esa línea, expresó su “solidaridad” hacia Ferrero y “respaldo a su trabajo intachable”. El dirigente blanco exigió al gobierno de Yamandú Orsi que “despliegue al máximo sus capacidades para investigar y sancionar a los responsables de este atentado”.
“Nos tiene que preocupar como sociedad, no tiene precedentes en el Uruguay. Esto no es una agresión, es un atentado. Todo el peso de la ley”, sentenció.
Por su parte, el senador nacionalista Javier García aseguró que “no hay duda ninguna que este es un tema de seguridad pública”, y en ese sentido sostuvo: “Que sea un atentado de esta envergadura no es justamente porque las cosas se estén haciendo bien”.
“Preferiríamos que el gobierno y el ministerio del interior no busque exculpar sus responsabilidades hablando de que esto es producto de que se hacen las cosas bien. Justamente esto es producto de que las cosas no se están haciendo bien”, declaró García.
El Partido Colorado por otro lado también realizó una conferencia de prensa al respecto, dirigida por el secretario general Andrés Ojeda, tras una reunión de su Comité Ejecutivo Nacional.
“Supone un agravio institucional que compromete nuestra solidaridad con la persona de la fiscal”, dijo el senador colorado, acompañado de la bancada de su partido, incluidos el senador Pedro Bordaberry y el expresidente Julio María Sanguinetti.
Según Ojeda, “este episodio marca un cambio cualitativo en la lucha contra el crimen organizado” e “impone el deber de extremar la disposición de todos los recursos del Estado democrático desafiado”.
