En la sesión ordinaria del jueves 9 de octubre, la edil frenteamplista Ester Rodríguez se refirió a la crítica situación de vivienda que afecta a una “gran parte de la población” de Durazno, un tema que calificó como “muy sensible” y masivamente reclamado en las recorridas políticas tanto en la ciudad como en el interior.
La legisladora fundamentó la gravedad de la problemática revelando que, ese mismo día, la Comisión de Derechos Humanos de la Junta se había trasladado a Ciudad del Carmen para interiorizarse sobre un caso concreto de vecinos que exigen una solución habitacional. “Es uno de los tantos reclamos al cual se le pretende buscar soluciones por distintas vías”, afirmó Rodríguez, contextualizando el caso dentro de una demanda departamental más amplia.En la misma línea la edil informó sobre avances a nivel nacional: destacó que el Senado había aprobado por unanimidad el día anterior un proyecto de ley diseñado para “agilizar las expropiaciones de inmueble con deuda compensable y desestimular la existencia de viviendas vacías”. La iniciativa, que ahora pasará a la Cámara de Diputados, fue presentada por el senador frenteamplista Óscar Andrade, quien obró como miembro informante.
Citando al legislador nacional, Rodríguez transmitió que la vivienda es un “problema estructural grave en el Uruguay”, donde miles de personas residen en asentamientos o viviendas con problemas de hacinamiento y habitabilidad, agravado por el fenómeno de la “segregación residencial”.
Para enfrentar esta crisis, se señalaron dos elementos clave: el presupuesto nacional y el acceso al suelo urbano. “Cualquier estrategia tiene que tener como centro la capacidad de acceso al suelo urbano”, aseveró la curul del FA, parafraseando el fundamento de la ley. En este contexto, se expuso un dato contundente: según el último Censo, en Uruguay existen “cerca de 97.000 padrones que están vacíos sin fundamento”, una cifra que para la escala del país es “muchísimo”.
El proyecto, explicó Rodríguez, busca dotar de “más herramientas a los gobiernos departamentales para el acceso a las tierras”, agilizando los procesos de obtención a través del régimen de expropiaciones, el cual se aplicará por motivos de “seguridad, higiene o de interés general”. Se enfatizó que el objetivo es “modernizar y agilizar el régimen expropiatorio” sin afectar las garantías de propiedad ni el debido proceso.
