A pocos días de conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Vanesa Pereira del Frente Amplio, expuso en sesión ordinaria de la Junta Departamental (realizada en Sarandí del Yí) un crudo diagnóstico de la situación en Uruguay y en el departamento, haciendo un llamado a que la fecha no se convierta en una “formalidad” o un “recordatorio vacío”, sino en un impulso para acciones concretas.
Basando su intervención en datos oficiales del Ministerio del Interior, Pereira señaló la cantidad de denuncias registradas por violencia doméstica en el país. De los datos se infiere que “cada 12 minutos una persona pidió ayuda”. Afirmó que el 70% de las denuncias son realizadas por mujeres, una cifra que “evidencia la profunda desigualdad” del fenómeno.La edil desglosó cifras para revelar el perfil de los agresores y los tipos de violencia. Casi dos de cada tres denuncias, indicó, corresponden a parejas, exparejas o vínculos afectivos o sexuales. Además de la violencia psicológica y física, se registraron episodios de violencia patrimonial, sexual y de género. “Cada una de esas formas es una manifestación [de la] raíz: el ejercicio del poder y el control sobre las mujeres y las disidencias”, aseveró.
Los datos sobre las medidas de protección ofrecen, según Pereira, otra prueba del carácter estructural del problema. En 2024 estuvieron en funcionamiento 3.344 tobilleras electrónicas, de las cuales el 95% fueron portadas por varones ofensores. La dimensión más trágica la ilustró con las cifras de femicidios: 19 consumados y 13 intentos entre enero y octubre del año pasado (…).
La legisladora llevó el problema a la realidad departamental, recordando el femicidio que conmocionó a la ciudad de Sarandí del Yí en febrero de 2025. “Este hecho no puede entenderse como algo aislado, sino como parte de una problemática estructural que también está presente en nuestras calles, en nuestras casas y en nuestras instituciones”, sostuvo.
En este punto, se refirió críticamente al funcionamiento de la Unidad de Violencia Doméstica y de Género de la Comisaría de la 9na. (Sarandí del Yí). Aunque reconoció su importante rol, advirtió sobre un grave obstáculo: “Las denuncias no pueden depender del horario de una oficina”. Explicó que cuando una mujer decide denunciar, lo hace desde “un lugar de extrema vulnerabilidad” y si en ese momento no es atendida de inmediato, “existe un riesgo real de que no regrese”. “No es solo un tema administrativo, es un tema de vida o muerte”, sentenció.
Como respuesta, Pereira exigió un compromiso real que se traduzca en medidas específicas: mejorar la accesibilidad para garantizar que ninguna mujer quede sin ser atendida, fortalecer la articulación entre policía, salud, servicios sociales y justicia, promover campañas de prevención con enfoque comunitario y acompañar a las sobrevivientes más allá de la emergencia.
