El curul del Partido Nacional, Carlos Torres, expuso este jueves 19 de febrero, en la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Durazno, la inquietud planteada por trabajadores y usuarios del Centro Auxiliar de Salud de Sarandí del Yí, respecto al ingreso de pacientes con consumo problemático de drogas a la sala general de internación.
Torres señaló que, si bien el tema ya tuvo presencia en la prensa, entendió necesario “reflotar” la situación en el ámbito legislativo departamental. Con ese objetivo, dio lectura a una nota remitida por la comisión interna del centro y sus funcionarios, con la intención de que la Comisión de Salud de la Junta analice el asunto en profundidad.Según el documento, existe una “profunda preocupación” por la admisión de estos pacientes en un servicio que -afirman- no dispone del espacio físico ni de los recursos humanos adecuados para brindar una atención segura y especializada. La advertencia apunta a que la sala general no está preparada para este tipo de casos, lo que, sostienen, expone tanto a los usuarios como al personal sanitario a riesgos evitables.
La comunicación también menciona la ausencia de áreas diferenciadas, de protocolos específicos y de equipos interdisciplinarios capacitados, factores que, a juicio de los firmantes, dificultan una respuesta integral acorde a la complejidad de estas situaciones.
El planteamiento reconoce la necesidad de garantizar el derecho a la salud de todas las personas, incluidas aquellas que atraviesan consumos problemáticos. No obstante, subraya que esa atención debe brindarse en ámbitos apropiados, con infraestructura adecuada y con recursos humanos suficientes y especializados.
De acuerdo con la nota, la realidad actual impacta en la calidad asistencial, en las condiciones laborales del personal -al que describen como mentalmente exigido- y en la seguridad del resto de los pacientes internados. Ese cuadro, advierten, genera un clima de tensión e incertidumbre difícil de sostener en el tiempo.
Por ese motivo, se solicita a las autoridades competentes una evaluación urgente de la situación y la adopción de medidas que garanticen una atención “digna, segura y profesional”, tanto para quienes presentan consumo problemático como para el conjunto de la comunidad usuaria.
Al cerrar su intervención, Torres reiteró que se trata de una problemática de alcance nacional para la cual, a su entender, aún no hay una solución visible. En consecuencia, pidió que el asunto sea derivado a la Comisión de Salud del cuerpo y elevado al Congreso Nacional de Ediles, al Ministerio de Salud Pública, al directorio de ASSE y a la Dirección Departamental de Salud para su consideración.
