El edil del Partido Colorado, Gabriel Montes de Oca, presentó ante la Junta Departamental de Durazno un pedido de informes dirigido a la Intendencia para conocer el estado actual del cargo de Coordinador de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, su eventual ocupación, las condiciones en que se desempeña y las actuaciones realizadas desde su creación.
El planteamiento fue presentado el jueves 27 de agosto, durante la sesión ordinaria del legislativo departamental, al amparo del artículo 284 de la Constitución de la República y del artículo 81, literal D, del Reglamento Interno de la Junta Departamental de Durazno.El pedido
El pedido se centra en un cargo creado por el Decreto Departamental N.º 2707/2026, que aprobó el Presupuesto Quinquenal de la Intendencia. En su artículo 32, literal k, la norma estableció la creación del cargo de Coordinador de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, equivalente al grado 9 por todo concepto.
Montes de Oca recordó que la creación del cargo fue aprobada por la Junta Departamental con 28 votos en 31 afirmativos y sostuvo que su finalidad principal era dotar a la administración de una estructura jerarquizada para aplicar la Ley N.º 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.
El curul también vinculó la creación de esta coordinación con la necesidad de establecer mecanismos ejecutivos de contralor territorial, una función que habitualmente se identifica con el concepto de “policía territorial”.
La solicitud de informes surge, en parte, de una situación que Montes de Oca considera poco clara: el conocimiento público de la incorporación del arquitecto Diego Capandeguy a tareas de asesoramiento y dirección en esta materia, sin que, según afirmó, el legislativo conozca hasta el momento los actos administrativos concretos que determinen su eventual designación presupuestal, la toma de posesión efectiva del cargo de grado 9 o las actuaciones desarrolladas desde entonces.
Por ese motivo, el legislador departamental solicita que la Comuna duraznense precise si el cargo se encuentra actualmente vacante o efectivamente ocupado.
En caso de estar ocupado, pide que se informe quién es el funcionario designado, incluyendo específicamente si se trata de Capandeguy o de otro profesional. También solicita conocer la fecha exacta de la toma de posesión, la naturaleza del vínculo con la administración —presupuestado, contratado, pase en comisión o contrato de asesoría asimilado— y la resolución de la Intendencia que respalda la designación.
Régimen de trabajo
Otro de los aspectos que Montes de Oca pretende conocer es el régimen de trabajo. El pedido solicita que se informe cuál es la carga horaria semanal asignada al cargo y qué régimen de dedicación funcional se estableció.
Pero el planteamiento no se limita a la situación administrativa del puesto. El edil reclama además información concreta sobre el trabajo desarrollado por la coordinación.
En particular, solicita un detalle documentado de los informes técnicos, directrices, expedientes tramitados y trabajos específicos realizados desde la fecha de asunción hasta la actualidad.
La preocupación adquiere una dimensión mayor debido a la existencia, según el planteamiento, de denuncias y situaciones urbanísticas que Montes de Oca considera graves y que requieren una intervención de la administración.
Entre los casos que menciona aparecen padrones ubicados en la zona de Emilio Egaña, donde señala la existencia de edificaciones e intervenciones irregulares consolidadas.
También incluye situaciones localizadas en la intersección de Emilio Rossi y Camino General Líber Seregni, así como en Emilio Rossi y Colombié.
El pedido busca determinar si la Coordinación de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible intervino en los expedientes o denuncias relacionados con esas situaciones.
En caso afirmativo, Montes de Oca solicita que se remitan a la Junta copias de las actuaciones inspectivas realizadas y de las resoluciones que eventualmente hayan sido adoptadas.
La “policía territorial”, otro de los puntos del pedido
El edil también quiere conocer en qué estado se encuentra la implementación del componente ejecutivo de contralor territorial previsto dentro de esta estructura.
En el pedido lo identifica como “policía territorial” y solicita información sobre su estado de implementación, la cantidad y características del personal asignado y su nivel de operatividad.
La consulta tiene relación directa con uno de los objetivos que, según Montes de Oca, justificaron la creación del cargo: disponer de una herramienta institucional con capacidad no solo para planificar el ordenamiento territorial, sino también para controlar el cumplimiento de las normas y actuar frente a situaciones irregulares.
De esta manera, el pedido de informes procura establecer una fotografía concreta del funcionamiento de la nueva estructura: quién ocupa el cargo, bajo qué modalidad, cuánto tiempo dedica a sus funciones, qué actuaciones ha realizado y qué capacidad efectiva de contralor territorial existe actualmente.
