Una intervención centrada en la seguridad en la vía pública llevó a la edil del Frente Amplio, Ester Rodríguez, a plantear en la Junta Departamental de Durazno la necesidad de revisar la instalación de columnas de hormigón en rampas de accesibilidad, al considerar que, lejos de cumplir una función protectora, pueden representar un riesgo para los peatones.
Durante la sesión ordinaria del jueves 23 de abril, la legisladora sostuvo que estas estructuras —colocadas en rampas sociales de distintos puntos de la ciudad— presentan problemas de fijación que comprometen su estabilidad. Según explicó, ha constatado personalmente que algunas de estas columnas, de considerable peso, están apenas adheridas con una mezcla precaria de arena y portland, lo que facilita su desprendimiento y las deja sueltas en plena zona de circulación.Rodríguez advirtió que la situación puede derivar en caídas o lesiones, en especial para personas con movilidad reducida, para quienes estas rampas están destinadas. En ese sentido, recordó que en Uruguay rige la Ley 18.651 de protección integral a las personas con discapacidad, que remite a normas técnicas específicas —como la UNIT 200— para garantizar condiciones adecuadas de accesibilidad.
La edil subrayó que dicha normativa establece con claridad que las rampas deben contar con barandas y pasamanos técnicos, diseñados para brindar apoyo efectivo. Estos elementos, indicó, deben ser dobles, continuos y estar firmemente anclados, de modo de resistir el uso cotidiano. A su juicio, una columna de hormigón colocada sobre la vereda no cumple con esos requisitos y, por el contrario, se convierte en un obstáculo peligroso.
En su planteo, insistió en que la accesibilidad no puede limitarse a la existencia de infraestructura, sino que debe ser “real y segura”. Señaló que no es admisible la instalación de dispositivos que, por deficiencias en su colocación, terminen poniendo en riesgo la integridad física de los vecinos.
A partir de esta situación, Rodríguez solicitó formalmente que la Dirección de Obras de la Intendencia realice una inspección inmediata de los anclajes y proceda a asegurar o retirar cualquier estructura que presente riesgos. También pidió que la Comisión de Obras de la Junta tome conocimiento del tema, realice el seguimiento correspondiente y evalúe la adecuación de estas rampas a la normativa vigente.
Finalmente, requirió que se informe al legislativo sobre los criterios de seguridad aplicados en estas intervenciones y que sus palabras sean remitidas al intendente, a la comisión correspondiente y a la Comisión de Derechos para las Personas en Situación de Discapacidad, con el objetivo de dar un abordaje integral al problema.
