El Plan Nacional de Seguridad Pública presentado por el gobierno nacional fue objeto de cuestionamientos en la Junta Departamental de Durazno, donde el edil del Partido Nacional, Carlos Torres, sostuvo que el documento carece de contenido innovador y no responde con la firmeza que, a su juicio, exige la situación actual.
Durante la sesión ordinaria del jueves 23 de abril, Torres afirmó que se trata de “un plan que no es plan”, al considerar que una parte sustancial de las medidas ya está en funcionamiento. Según detalló, de las 134 iniciativas anunciadas, 80 se encuentran vigentes, 16 serían nuevas y el resto —indicó— presenta formulaciones poco claras o difíciles de interpretar.Para ilustrar este punto, el edil citó algunos ejemplos concretos del documento. Mencionó la medida denominada “Igualdad en movimiento”, definida como intervenciones socioeducativas para la prevención de la violencia de género en adolescentes, y cuestionó que no se explicite con claridad qué se pretende implementar. También aludió a la propuesta de crear un grupo de trabajo para la atención a víctimas de violencia armada, señalando que funciones de ese tipo ya son atendidas por organismos existentes como el Centro de Atención a Víctimas y la Fiscalía. En la misma línea, hizo referencia a la creación de un sistema de información anónima sobre homicidios, recordando que ya existe el número 0800 5000 para denuncias de ese tipo.
El curul sostuvo que el plan fue presentado tras más de un año de gobierno y que, lejos de marcar un cambio de rumbo, retoma o reformula herramientas ya conocidas. En ese sentido, leyó en sala una declaración del Directorio del Partido Nacional, en la que se expresa preocupación por la orientación del documento y se advierte que la propuesta “llega tarde” y sin la firmeza necesaria.
Torres planteó que se perdió la oportunidad de dar un paso más decidido en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y las bandas delictivas. Señaló que su partido había promovido medidas específicas, como la represión focalizada de grupos criminales, el aumento del costo penal por integrar bandas y acciones más severas contra las denominadas “bocas de droga”.
Según expuso, el gobierno habría tomado algunos componentes operativos de esas propuestas, pero dejó de lado lo que consideró su núcleo central, en una decisión que calificó como ideológica más que técnica. En ese contexto, cuestionó iniciativas que —según dijo— podrían afectar el cumplimiento efectivo de las penas, en contraste con el marco establecido por la Ley de Urgente Consideración (LUC), ratificada en consulta popular.
El nacionalista afirmó que, mientras la ciudadanía demanda mayor firmeza, el gobierno avanzaría en mecanismos que, a su entender, debilitan la respuesta penal. Bajo esa premisa, sostuvo que el país no necesita un nuevo diagnóstico sobre la inseguridad, sino una estrategia clara y contundente para enfrentar el delito.
