Desde 2000 a la fecha la venta cigarrillos cayó un 35 % en Uruguay, en especial luego de la implementación de la política contra el tabaquismo de los últimos tres gobiernos. Se pasó de 176 millones de cajillas anuales a 110 millones de paquetes el año pasado, sin incremento del contrabando de esta sustancia.
“Durante más de 60 años la información sobre los perjuicios generados por el tabaquismo estaban ocultos a la opinión pública. De alguna forma, con el juicio de Philip Morris, se logró identificar la política de la industria tabacalera de ocultar esa información con una estrategia orientada a estimular el consumo de un tabaco dañino para la salud humana”, explicó el ministro de Salud Pública, Jorge Basso.
Tras la política estatal para disminuir el tabaquismo, el juicio de Philip Morris contra Uruguay y el compromiso de la sociedad, actualmente el 97 % de los uruguayos sabe que fumar es perjudicial para la salud. “Logramos incorporarlo en la percepción de riesgo de la población”, aseveró el jerarca.
En los últimos trece años, Uruguay desplegó una serie de acciones que bajaron la prevalencia en el consumo de tabaco. En 2006, un 32,5 % de la población uruguaya era fumadora, cifra que se redujo al 20,4 % en 2017. El consumo en los más jóvenes pasó de un 25 % a un 14 %. Incluso la última Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadíastica (INE) señala un 9 %. Además, la cantidad de infartos agudos de miocardio asociados a la acción vasoconstrictora de la nicotina cayó un 17 %.
Los datos de la Dirección General Impositiva (DGI) confirman que las ventas de cajillas de cigarros en 2000 llegaron a 176 millones de paquetes, pero luego de las medidas implementadas en los gobiernos del Frente Amplio, como el incremento en el precio, la colocación de advertencias sanitarias y la prohibición de exhibir las cajillas en los locales de venta, en 2017 se comercializaron 110 millones de cajillas. Esto se traduce en una caída del 35 % en la venta en los últimos 17 años.
A su vez, esta tendencia a la baja no es asociable a un incremento del consumo de cigarrillos de contrabando, situación que no se dio en el país, aclaró el ministro en entrevista con la Secretaría de Comunicación Institucional. Dijo que se viene desplegando una política de control del comercio ilícito de tabaco, que contribuye a la caída de la circulación de cigarrillos.
El ministro señaló que, además de la baja de la prevalencia en el consumo, se lograron buenos resultados en torno a la prohibición de fumar en espacios cerrados. En 2009 un 23, 4 % de los locales bailables y bares permitían que se fumara dentro del edificio. Esta cifra se redujo al 19,5 % en 2017. En el ámbito laboral, se pasó de 16,5 % a 11,5 % en igual período de tiempo. En la universidad se registró la baja más notoria, pasó de 27,5 % a 11,3 %. Los inspectores recorren el país para detectar los lugares que incumplen con la normativa y aplicar multas donde se detectan irregularidades.
Basso entiende que los hogares son el gran tema a atender, ya que los adultos que fuman dentro de la casa exponen al resto de su familia a sustancias presentes en el humo que circula en el interior de las viviendas, que es igual de agresivo para fumadores y no fumadores. En 2009 representaban el 29,2 % y en 2017, el 20 %.
De estos datos surge la importancia de implementar una política de cesación, teniendo en cuenta, además, que, según las últimas encuestas, el 75 % de los fumadores estaría dispuesto a dejar este hábito. Para que eso se concrete, deben existir policlínicas de cesación que ayuden a dar el paso, acceso a medicación (en caso de requerirse) y personal de salud comprometido con la causa.
Basso destacó que nuestro país destina unos 700 millones de dólares, un 1,5 % del producto bruto interno, a la asistencia de personas con patologías relacionadas con el tabaco.