Silvana Cunha, edil del Frente Amplio, presentó el pasado viernes 17 de junio, en los Previos de la Junta Departamental, un pedido de informes por un caso que, según los datos volcados en sala, necesita ser aclarado, a la luz de la Ley 19.580.
“Señor presidente de la Junta Departamental de Durazno. Amparada en el artículo 284 de la Constitución de la República solicito a usted eleve ante el Ejecutivo Departamental (Intendencia de Durazno), el siguiente pedido de informes: Si la Intendencia Departamental de Durazno, a través de algunas de sus dependencias y/o funcionarios, recibió notificación, o aviso de algún tipo, del Poder Judicial, Ministerio del Interior, o tomó conocimiento de los hechos descritos en los autos caratulados por Violencia de Género, con fecha 29 de diciembre del 2021”.
Según la edil del Frente Amplio, el hecho “involucra a una ciudadana contratada por la Intendencia Departamental de Durazno en el marco del denominado Programa Oportunidades Laborales y asignada a tareas en la Junta Local de La Paloma. Y a un funcionario en la Junta Local de La Paloma, el cual ejerciera violencia de género, en su modalidad de violencia física -ley 19.580 el artículo 6- hacia la primera”.
Con su planteamiento, Cunha quiere saber, “si la Intendencia Departamental de Durazno, a través del Secretario de la Junta Local de La Paloma, tomó alguna medida para generar condiciones en el ámbito laboral de esta Junta, de acuerdo con lo dispuesto por el juez actuante en cuanto a prohibir a ese varón a comunicarse y/o relacionarse con la víctima, ya sea en forma directa o por interpuesta persona, por el plazo de 180 días”.
En su pedido de informe quiere que le respondan, “si la víctima fue notificada de dichas medidas y fueron contemplados sus derechos -según la ley 19.580 artículo 8 literal C- en cuanto a ser escuchada por una autoridad administrativa y su opinión ser contemplada en una decisión que la afecte, considerando especialmente el contexto de violencia e intimidación en que se encontraba; -además- si la víctima concurrió a las oficinas de la Junta Local de La Paloma a reanudar su tarea dentro del Programa Oportunidades Laborales o renunció al mismo”.
La curul agregó: “solicitamos copias del contrato suscrito por la misma de la renuncia, si la hubiera, así como la resolución administrativa que rescinde el contrato referido antes. Si no existiera renuncia a dicho trabajo, preguntamos ¿en qué se basó la Intendencia Departamental de Durazno para interrumpir el contrato de la señora víctima de Violencia de Género, teniendo en cuenta el antedicho artículo 8 literal C de la ley 19.580, y que fuera desestimado su reclamo hecho el 31 de marzo -de 2022- en el despacho de la Coordinadora General de esta Intendencia”.
Más adelante Cunha planteó: “Si la Intendencia considera que el Organismo actuó de acuerdo a la ley 19.580, o admite algún error en el procedimiento y/o tratamiento de la situación derivada de un caso de Violencia Basada en Género que, si bien no ocurrió dentro del ámbito laboral de la Intendencia, involucra a dos personas que estaban ambas en relación de dependencia respecto a la Intendencia, y por tanto, el Organismo como ente estatal, debiera haber tomado las medidas y precauciones de acuerdo a la ley vigente”.
También, pidió le respondan, “si el funcionario victimario recibió algún tipo de amonestación, llamado de atención a su conducta, etcétera. Si el funcionario victimario fue trasladado a Durazno desde La Paloma para algunas de las audiencias en el Poder Judicial o ante el Ministerio del Interior por el caso que nos ocupa, en vehículo oficial de la Intendencia Departamental de Durazno, por orden ¿de qué funcionario y quién se hizo cargo de los gastos generados para la Comuna por dichos traslados?”.
Finalmente, la representante del Frente Amplio solicitó saber “si la Intendencia Departamental de Durazno realiza algún tipo de acciones en el ámbito laboral para prevenir violencia hacia las mujeres basada en género”. Además de solicitar este informe, pidió que sus palabras pasen a la Comisión de Equidad y Género de la Junta, al Intendente Departamental de Durazno, al Poder Judicial y a la Oficina de Violencia Doméstica del Ministerio del Interior.
