En la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Durazno del pasado 14 de agosto, el edil del Frente Amplio, Raúl Licandro, planteó un extenso paquete de medidas para que el gobierno departamental cumpla la Ley 18.651 de protección integral de personas con discapacidad. El legislador sostuvo que es hora de que la Intendencia elabore, promulgue y aplique una reglamentación propia que permita aterrizar en el territorio las obligaciones que la norma nacional asigna a los gobiernos locales.
Transporte accesible y beneficios ampliados
Licandro organizó sus propuestas en varios ejes. En materia de transporte, exhortó a reglamentar la gratuidad del servicio colectivo urbano, suburbano y rural para todos los lugareños con discapacidad. Ese derecho, explicó, debería acreditarse con la inscripción en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad del MIDES o mediante la condición de beneficiario de una pensión por incapacidad o de una jubilación por invalidez servida por el Banco de Previsión Social. También pidió garantizar la accesibilidad física y funcional de vehículos y paradas, en cumplimiento del artículo 38 de la ley.
En esa misma línea, sugirió la colocación de cartelería en el tránsito para identificar claramente los espacios reservados para vehículos conducidos o destinados a personas con discapacidad. Asimismo, reclamó que la adjudicación de matrículas especiales (QDI) se efectúe con criterios claros de acreditación y exhortó a promover ante el Ministerio de Transporte y el MIDES la reglamentación del artículo 83, que reconoce la gratuidad en el transporte colectivo nacional.
Accesibilidad en espacios públicos y contrataciones inclusivas
El curul también propuso un llamado a licitación para otorgar chapas de taxis accesibles en el departamento, así como la creación de un “carnet verde” emitido por la Intendencia que habilite a su portador no solo al transporte público gratuito bajo competencia departamental, sino también al acceso gratuito a eventos culturales, recreativos y deportivos organizados, auspiciados o gestionados por la Comuna. El mismo documento, señaló, podría extender beneficios mediante convenios con instituciones privadas.
Otro de los ejes de su planteo fue la accesibilidad en el espacio público. Según Licandro, se debe reglamentar la accesibilidad universal tanto en obras nuevas como en las ya existentes, incluyendo plazas, edificios públicos, centros de atención y oficinas municipales. Reclamó además la instalación de cartelería que identifique los espacios accesibles, incorporándolos a la información turística oficial.
En lo relativo a los eventos culturales, recreativos y deportivos, el edil pidió asegurar que todos los auspiciados por la Intendencia sean “totalmente accesibles” y contemplen ajustes razonables para la participación plena de las personas con discapacidad. También exhortó a que en contrataciones, licitaciones y convenios se incluyan cláusulas de accesibilidad y se promueva la inclusión laboral, recordando la obligación legal de cumplir con el 4% de cupo laboral para personas con discapacidad en todas las dependencias departamentales.
Licandro subrayó además la importancia de las campañas de concientización. A su entender, se requieren acciones permanentes de información y sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad, en coordinación con la sociedad civil.
Campañas y articulación institucional
Para la implementación de este paquete de medidas, señaló que la Intendencia debería contar con el asesoramiento del MIDES, de la Comisión Honoraria Departamental de la Discapacidad y de otros organismos con competencia en la materia.
Solicitó que su propuesta pase a las comisiones de Equidad y Género y de Derechos Humanos de la Junta, y que se remita también al Ejecutivo Departamental, al MIDES, a la Comisión Honoraria Nacional de la Discapacidad y al Ministerio de Transporte.
