En la última sesión ordinaria de la Junta Departamental de Durazno, llevada a cabo el jueves 4 de setiembre, la edil del Frente Amplio, Ana Laura Casaballe, dedicó su intervención a un asunto que definió como “de alta sensibilidad social” y que, a su entender, impacta directamente en el bienestar humano: la contaminación sonora.
Desde el Espacio Iporá, Izquierda por el Ambiente (609), Casaballe adelantó que trabajará en este período en la promoción de políticas vinculadas al cuidado ambiental. En ese marco, sostuvo que la polución acústica merece la misma atención que otros tipos de contaminación, ya que sus efectos sobre la salud son igualmente graves aunque muchas veces invisibles. Recordó que lo que para una persona puede ser música agradable, para otra puede convertirse en un ruido irritante.Citó datos de la ONU Medio Ambiente, que advierten que el 70 por ciento de la población mundial vive en entornos urbanos con riesgos crecientes para la salud pública. El ruido, señaló, no sólo afecta la audición sino que puede alterar el sueño, la conducta y la salud mental, con efectos especialmente nocivos en niños, adolescentes y adultos mayores. También mencionó el impacto en personas con hipersensibilidad auditiva, como quienes presentan trastorno del espectro autista.
Casaballe puso el foco en la realidad local. Describió un fenómeno cultural que, según dijo, se ha extendido en Durazno: el uso de escapes libres en motos y los denominados boomcar, automóviles equipados con parlantes externos de gran potencia. Estos vehículos, apuntó, convierten a plazas, avenidas y hasta entornos naturales como el Parque de la Hispanidad o el Bioparque en escenarios de contaminación acústica cotidiana.
Para dimensionar el problema, recurrió a estudios de la ingeniera Elizabeth González, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (UDELAR). Según esas mediciones, un camión de tráfico intenso alcanza 85 decibeles, considerado el umbral tolerable para el oído humano. Una moto con silenciador ronda los 90, pero a escape libre puede llegar a 125. Y un automóvil con parlantes externos alcanza los 140 decibeles, casi el doble del límite recomendado.
La curul también repasó la normativa vigente. Recordó que la Ley 17.852, aprobada en 2004 para controlar la contaminación acústica, nunca fue reglamentada y en los hechos las intendencias terminaron asumiendo esa tarea. En Durazno existe desde 1997 la ordenanza 1190, que fija en 85 decibeles el máximo permitido y establece multas por incumplimiento. Sin embargo, la normativa no se actualizó frente a los cambios tecnológicos y, a juicio de Casaballe, tampoco se aplica con eficacia.
En su exposición defendió la necesidad de que las ciudades sean “diversas e inclusivas desde el punto de vista acústico”. Aclaró que no se trata de eliminar todo sonido, ya que muchos forman parte de la identidad cultural de una comunidad, como las campanas de la Iglesia San Pedro ubicada junto a la plaza Independencia. “Los sonidos pueden enriquecer nuestra vida, restablecer la sensación de salud y bienestar y aportar significados a nuestra experiencia cotidiana”, expresó.
