En la sesión ordinaria de la Junta de Durazno, realizada el jueves 28 de agosto, el edil frenteamplista Conrado Torena centró su intervención en lo que definió como una contradicción visible en el departamento: miles de viviendas permanecen desocupadas mientras numerosas familias carecen de un techo propio.
Torena invocó la Ley 18.308, que regula el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Sostenible, y recordó que se trata de una función pública orientada a mejorar la calidad de vida, promover la integración social y garantizar un uso democrático y sustentable de los recursos. Bajo ese marco, señaló que es a través de planes de ordenamiento territorial que pueden diseñarse estrategias de vivienda que atiendan la realidad de los duraznenses.El curul ofreció cifras precisas: de las 27.226 viviendas registradas en el departamento, 5.937 están desocupadas. En la capital departamental, dijo, se contabilizan 2.162; en Sarandí del Yí, unas 700; en el centro del país, 326, y así sucesivamente en otras localidades. “Es una enormidad”, advirtió, para luego insistir en que la falta de normativa que regule esta situación perpetúa un uso ineficiente del suelo urbano.
A su juicio, no se trata solo de levantar nuevas construcciones, sino de aprovechar las áreas que ya cuentan con servicios básicos y también con infraestructura de salud, educación, comercio, recreación y transporte. Propuso evitar tanto la expansión horizontal de las ciudades como el crecimiento en zonas periféricas, priorizando en cambio la reutilización y transformación de viviendas céntricas en desuso.
Torena planteó cinco medidas concretas: crear mecanismos tributarios que desalienten la existencia de locales, terrenos o predios sin función social; impulsar procesos de expropiación o negociación con grandes deudores para destinar tierras a cooperativas o al mercado de vivienda; promover un plan departamental de acceso a materiales de construcción que facilite reparaciones o nuevas soluciones habitacionales para familias de bajos ingresos; incluir el tema en la agenda presupuestal a corto plazo, con fondos para expropiaciones y acciones específicas; y finalmente, mapear posibles zonas de apropiación en Durazno.
En su intervención subrayó la importancia de generar instancias de diálogo con vecinos, organizaciones sociales e instituciones vinculadas al tema, de modo de elaborar propuestas conjuntas. “Nuestras ciudades no pueden mantener la desocupación de viviendas sin reglamentar una normativa que apunte hacia un ordenamiento territorial que incluya a los más desfavorecidos”, afirmó.
