El jueves 30 se realizó el seminario del Diálogo Social titulado “Evidencia para repensar la protección de las personas en su etapa activa”, en el que expertos reflexionaron sobre los desafíos del trabajo independiente. Uruguay tiene una de las menores brechas de cobertura de la región gracias al monotributo, sostuvo asesora de Cepal.
En la mesa de apertura, orientada a la protección de trabajadores independientes, se realizó un diagnóstico de este sector, y se plantearon algunas recomendaciones sobre cómo mejorar su inserción laboral.En ese sentido, Paula Carrasco, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y representante del Instituto de Economía de la Universidad de la República, sostuvo que este sector representa el 28% del empleo. A su juicio, la exclusión del mercado laboral y la valoración de la autonomía son los dos aspectos principales que motivan esta forma de inserción.
Por su parte, el gerente de Evaluación y Monitoreo de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), Gastón Carracelas, subrayó que en los últimos quince años se incrementó la creación de empresas, pero también la inestabilidad.
Dijo que las micro y pequeñas empresas son gestionadas por sus fundadores, con financiamiento propio o de su entorno y que predomina la motivación por necesidad, con bajo interés por expandirse.
Agregó que son empresas jóvenes dirigidas por personas adultas, con brecha de género en la titularidad, y en muchos casos, otra actividad paralela. Aunque constituyen un núcleo productivo y generan un tercio del empleo privado, su alta rotación produce trayectorias contributivas inestables, lo que resulta en riesgos de protección social.
Para cerrar el primer bloque de discusión, Claudia Robles, especialista de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), indicó que uno de cada cuatro trabajadores en América Latina es independiente y que más de un tercio de los hogares encabezados por estas personas no accede a la protección social.
Destacó, no obstante, que Uruguay tiene una de las menores brechas de cobertura de la región, gracias al monotributo, aunque persisten desafíos para atender la inestabilidad de sus trayectorias laborales.
Protección y cobertura social
En el segundo bloque del seminario, Estefanía Galván, por el Instituto de Economía de la Universidad de la República, enfatizó en la penalización de la maternidad, los desafíos de cobertura y la corresponsabilidad de género. Según observó, aunque la cobertura ha mejorado tras la ley n° 19.161, un 26% de los niños nacen en hogares sin ninguna protección del régimen de licencias.
El uso del subsidio de cuidados por parte de los padres es mínimo (2%), lo que, consideró, refleja la persistencia de roles tradicionales en el cuidado y la necesidad de rediseñar el instrumento para promover la corresponsabilidad.
Entre sus propuestas, destacó la importancia de permitir el uso simultáneo del beneficio por ambos progenitores, ampliar las licencias de los varones y garantizar la cobertura de familias fuera del sistema.
Posteriormente, el gerente de Análisis Socioeconómico del Banco de Previsión Social (BPS), Félix Bellomo, analizó la ley n.° 19.161 en clave de aciertos y limitaciones.
Entre los primeros, un leve incremento en el retorno al empleo y una disminución de la brecha entre quienes pertenecen a empresas medianas y grandes fueron los principales resultados. Entre los segundos, la subutilización del subsidio por parte de las no dependientes del sector privado dejó en evidencia la necesidad de revisar algunos aspectos del instrumento.
A su turno, Alejandra Picco, en representación del Instituto Cuesta Duarte, abordó el papel de la negociación colectiva en la incorporación de cláusulas de cuidado. Explicó que, desde la reinstalación de los Consejos de Salarios, se ha registrado una creciente inclusión de disposiciones vinculadas a la conciliación laboral y familiar, especialmente licencias.
No obstante, advirtió que la cobertura es heterogénea y limitada al sector formal, y que persiste una resistencia del sector privado a incorporar nuevas cláusulas, por lo que consideró clave avanzar hacia una normativa general que consolide estos derechos.
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