Edil blanco advierte sobre “presunta expropiación” de fondos de AFAP y cuestiona diálogo de seguridad social

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En la sesión ordinaria legislativa del pasado jueves 14 de mayo, Óscar Rodríguez realizó una extensa intervención en la que cruzó críticas al gobierno actual por su abordaje del diálogo sobre seguridad social, al que calificó como un proceso que el directorio de su propio partido decidió no integrar por considerar que no estaban dadas “las garantías para un proceso equilibrado y objetivo”.

Rodríguez partió de un tema que, según dijo, no quería dejar pasar: el referido al diálogo de seguridad social que su compañero Enrique Erramuspe había planteado en una sesión anterior con un sentido político. El curul anunció que prefería abordarlo “de una forma más técnica”, porque se trata de “un tema de interés general” que no puede quedar como si hubiera pasado sin más.

En su alocución, el nacionalista recordó que el plebiscito impulsado en 2019 por el sector mayoritario del Frente Amplio, vinculado a la reforma de la seguridad social, fue rechazado por el 60% de la ciudadanía. “Un 60% votó que no”, enfatizó. Y sostuvo que, sin embargo, el gobierno actual estaría avanzando en una dirección opuesta a ese mandato popular.

“Es cierto que en el diálogo de seguridad social no se pretende eliminar las AFAP —admitió Rodríguez—, pero lo que se dice es que se van a estatizar.” A partir de allí, el edil lanzó una de sus principales advertencias: “Si usted estatiza algo, quiere decir que lo va a administrar el Estado. O sea, que el Estado va a administrar el aporte de los contribuyentes”.

Para Rodríguez, esa eventual medida implicaría “desconocer la voluntad popular”. Y agregó un matiz político de peso: “Sería la primera vez que se desconoce en parte un plebiscito. Ya de parte del Frente Amplio se han desconocido algunos referéndum, pero no un plebiscito”.

El edil también cuestionó la explicación oficial que, según señaló, ha surgido desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), donde se ha dicho que se trata de “un tema de diseño”. Ante esa justificación, Rodríguez lanzó una cifra contundente: “Ahí entramos en una presunta expropiación de los 27.000 millones de dólares que tienen las AFAP, que es un 32% del PIB. No estamos hablando de poca plata, es muchísima.”

A lo largo de su intervención, trazó paralelismos con otras decisiones del gobierno, como la modificación en la devolución de saldos a favor de FONASA. Recordó que “de un día para otro, a fin de año, de las 140.000 personas que se devolvían, van 80.000 que no se le va a devolver”. Y volvió a citar la explicación oficial: “También se dijo lo mismo, que era un tema de diseño”.

El edil advirtió sobre el déficit del Banco de Previsión Social (BPS), que definió como “un órgano deficitario” que le cuesta al Estado “800 millones de dólares por año”. Y lanzó una imagen contundente en estilo directo: “Si dejamos este dinero que lo maneje el Estado, es como meter la plata en un saco roto. Es exactamente lo mismo”.

Propuestas de Rodríguez

Pero su planteo no fue solo crítico. Rodríguez se tomó el tiempo de esbozar algunas líneas de solución. “Nosotros queremos que las AFAP queden privadas como son ahora, porque eso fue lo que votó la ciudadanía en el plebiscito”, dijo. Y enumeró tres propuestas concretas: bajar las comisiones que cobran las AFAP, para que las personas puedan acumular mayor capital; proponer reglas de inversión más estrictas; y garantizar un mayor control por parte del Estado.

En ese punto, recordó que “estas AFAP desde el 96 y hasta la última ley, durante 27 años nadie controló, salvo alguna cosa por el Banco Central”. Y entonces llegó a lo que calificó como “la frutilla de la torta”: la tasa de interés técnico (TIT), que maneja el Banco Central. Explicó que esa tasa, clave en la liquidación de las jubilaciones, estuvo en un 3%, pero en 2012 —durante un gobierno del Frente Amplio— se bajó a 1,50% y ahora ronda el 0,78%.

“No es lo mismo usted multiplicar algo por tres, como era inicialmente, que multiplicarlo por 0,78”, graficó Rodríguez. Y ejemplificó: “Antes por cada millón de pesos le daban 5.000, y ahora por cada millón le dan 3.800.”

Cerca del cierre, reconoció que el tiempo no le alcanzaba para desarrollar todos los puntos que consideraba importantes. Solicitó que su exposición pase a los diputados del departamento, a la OPP, al Ministerio de Trabajo y a la Comisión de Salud Pública y Previsión Social de la Junta.

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